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Reforma - 22 de Septiembre de 2007
1. ¿Qué habría pasado si Felipe Calderón hubiera competido el año pasado bajo las normas de la nueva reforma electoral?
Jamás habría alcanzado a López Obrador. La ventaja que tenía al inicio de la campaña el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México era abrumadora. Después de cinco años de conferencias matutinas, y de fijar la agenda del día, AMLO era el más conocido de todos los candidatos. La inequidad de la contienda estaba en el punto de arranque. Calderón era un personaje desconocido y con escasa exposición en los medios. La excesiva regulación de la publicidad y la prohibición de las campañas negativas le habrían impedido remontar esa desventaja. En el barullo de las propuestas "positivas y correctas" el mensaje de Calderón jamás habría impactado a los ciudadanos. La percepción de la gente cambió por la fuerza y la intensidad de la campaña que emprendió el candidato de Acción Nacional.
Corolario: la regulación excesiva para asegurar la "equidad" opera en sentido contrario porque en el punto de arranque los candidatos no están, por definición, en condiciones de igualdad.
2. ¿Por qué se restringe el derecho de organizaciones civiles, profesionales y gremiales a expresar su punto de vista, mediante publicidad pagada, durante las campañas electorales?
Partamos de un reconocimiento inicial y fundamental: este tipo de organizaciones son expresiones de la sociedad. Un colegio de ingenieros, una organización como Provida, un sindicato o una asociación de empresarios tienen intereses, principios y valores legítimos que defender. No hay ninguna razón para limitar su derecho de expresión y manifestación. El debate público se enriquece y vive de ésa y en esa diversidad. Un sindicato tiene todo el derecho de censurar a un candidato que proponga abolir el derecho de huelga. Y en la misma circunstancia se encuentra una agrupación que esté en contra del aborto si otro candidato predica la legalización del mismo. Para no mencionar el derecho de los empresarios de abogar por la libre empresa o el de los ecologistas de defender el medio ambiente. De ahí que la prohibición de que estas organizaciones participen activamente en el debate constituya un atentado contra la libertad de expresión.
3. ¿Qué consecuencias tiene elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas?
Constituye, de entrada, otro atentado contra la libertad de expresión. El párrafo en cuestión prohíbe que los partidos difundan mensajes que denigren a las instituciones, partidos y otros candidatos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: denigrar es "deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien". Adviértase que según esta definición no importa que lo que se diga sea verdadero o falso. Porque se puede ofender o deslustrar la opinión o la fama de alguien difundiendo estrictamente la verdad. Si un partido elabora un mensaje señalando que la propuesta de un candidato de bajar los impuestos y aumentar la recaudación es demagogia pura, caería inmediatamente bajo esta tipificación. Es más, en sentido estricto no hay forma de establecer un verdadero debate sin deslustrar la opinión del adversario. Sobra decir que la prohibición incluye cualquier referencia al pasado, la personalidad o los excesos del contendiente. Porque cualquier mención de su incompetencia o de eventuales delitos que hubiera cometido (como tomar a la brava las calles o incluso haber sido procesado por robo) constituye una ofensa o deslustra su fama. No habrá, en consecuencia, debate ni campañas efectivas. Lo que tendremos será gazmoñería pura, como si los políticos fuesen almas puras, prístinas y cándidas.
4. ¿Por qué no se introdujo la reelección de los diputados y senadores?
Obviamente, porque el PRI, el PRD y el PAN no se pusieron de acuerdo. Porque el resto de los partidos, al menos Convergencia y el Partido Verde, mantienen una postura favorable. La razón de fondo de los tres grandes está en el control y el poder de las cúpulas partidarias. Me explico. La reelección tiene dos ventajas probadas: primero, permite que los ciudadanos tengan posibilidad de sancionar efectivamente a sus representantes. A vuelta de cada legislatura, el diputado o senador se confronta con sus electores y se somete a su mandato: si actuó bien es reelecto, si no, no. Su carrera y su futuro dependen entonces de sí mismo y de su actuación. Bajo el sistema de no reelección el legislador sigue adelante independientemente de su desempeño, pero además es la cúpula partidaria la que decide postularlo o no a otro cargo de elección popular. Debe, por lo tanto, quedar bien con los de arriba, no con los de abajo. Segundo, profesionaliza el trabajo de los legisladores e incrementa su responsabilidad. En suma, la reelección los vuelve más autónomos respecto de las cúpulas burocráticas. Ahí está, como decía Cantinflas, el detalle.
5. ¿Por qué pretendieron elevar a rango constitucional la prohibición de las candidaturas independientes?
Para monopolizar, de una vez por todas, la representación de los ciudadanos. La limitación del derecho a ser votado fortalece a las cúpulas partidarias y atenta contra la sociedad. Es un ejemplo muy claro del sentido último de esta reforma. Los políticos hablan de involucrar a los ciudadanos en la política, pero en realidad desalientan y coartan esa posibilidad. Su doble lenguaje y su moralina desteñida son grotescos.
6. ¿Estamos ante el fin de la trivialización de las campañas o, como sentenció La Jornada, la reforma enterró la dictadura de los spots?
Falso. La nueva legislación no contempla la desaparición de los spots. El tiempo que le será concedido a cada partido se traducirá en spots de uno, dos o tres minutos. La única diferencia es que no tendrán un costo para ellos. La combinación de tiempo libre con la gazmoñería que instituye la reforma será terrible. Algo así como pequeñas horas nacionales de 6 de la mañana a 12 de la noche.
7. ¿Hacia dónde apunta la nueva ley de medios?
Los senadores están hablando de una tercera o cuarta cadena. El problema estaría en que decidan comportarse como el buen samaritano y se propongan controlar los contenidos. Esto es, crear un comité de salud que censure los programas con el loable propósito de "mejorar" el nivel moral y la calidad de los mismos. Los antecedentes, consignados arriba, apuntan en ese sentido. De ser el caso, sería otro atentado, aun más grave, contra la libertad de expresión. Pero ¡aguas! Los senadores ya probaron las mieles de su poder y andan encarrerados.
Jamás habría alcanzado a López Obrador. La ventaja que tenía al inicio de la campaña el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México era abrumadora. Después de cinco años de conferencias matutinas, y de fijar la agenda del día, AMLO era el más conocido de todos los candidatos. La inequidad de la contienda estaba en el punto de arranque. Calderón era un personaje desconocido y con escasa exposición en los medios. La excesiva regulación de la publicidad y la prohibición de las campañas negativas le habrían impedido remontar esa desventaja. En el barullo de las propuestas "positivas y correctas" el mensaje de Calderón jamás habría impactado a los ciudadanos. La percepción de la gente cambió por la fuerza y la intensidad de la campaña que emprendió el candidato de Acción Nacional.
Corolario: la regulación excesiva para asegurar la "equidad" opera en sentido contrario porque en el punto de arranque los candidatos no están, por definición, en condiciones de igualdad.
2. ¿Por qué se restringe el derecho de organizaciones civiles, profesionales y gremiales a expresar su punto de vista, mediante publicidad pagada, durante las campañas electorales?
Partamos de un reconocimiento inicial y fundamental: este tipo de organizaciones son expresiones de la sociedad. Un colegio de ingenieros, una organización como Provida, un sindicato o una asociación de empresarios tienen intereses, principios y valores legítimos que defender. No hay ninguna razón para limitar su derecho de expresión y manifestación. El debate público se enriquece y vive de ésa y en esa diversidad. Un sindicato tiene todo el derecho de censurar a un candidato que proponga abolir el derecho de huelga. Y en la misma circunstancia se encuentra una agrupación que esté en contra del aborto si otro candidato predica la legalización del mismo. Para no mencionar el derecho de los empresarios de abogar por la libre empresa o el de los ecologistas de defender el medio ambiente. De ahí que la prohibición de que estas organizaciones participen activamente en el debate constituya un atentado contra la libertad de expresión.
3. ¿Qué consecuencias tiene elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas?
Constituye, de entrada, otro atentado contra la libertad de expresión. El párrafo en cuestión prohíbe que los partidos difundan mensajes que denigren a las instituciones, partidos y otros candidatos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: denigrar es "deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien". Adviértase que según esta definición no importa que lo que se diga sea verdadero o falso. Porque se puede ofender o deslustrar la opinión o la fama de alguien difundiendo estrictamente la verdad. Si un partido elabora un mensaje señalando que la propuesta de un candidato de bajar los impuestos y aumentar la recaudación es demagogia pura, caería inmediatamente bajo esta tipificación. Es más, en sentido estricto no hay forma de establecer un verdadero debate sin deslustrar la opinión del adversario. Sobra decir que la prohibición incluye cualquier referencia al pasado, la personalidad o los excesos del contendiente. Porque cualquier mención de su incompetencia o de eventuales delitos que hubiera cometido (como tomar a la brava las calles o incluso haber sido procesado por robo) constituye una ofensa o deslustra su fama. No habrá, en consecuencia, debate ni campañas efectivas. Lo que tendremos será gazmoñería pura, como si los políticos fuesen almas puras, prístinas y cándidas.
4. ¿Por qué no se introdujo la reelección de los diputados y senadores?
Obviamente, porque el PRI, el PRD y el PAN no se pusieron de acuerdo. Porque el resto de los partidos, al menos Convergencia y el Partido Verde, mantienen una postura favorable. La razón de fondo de los tres grandes está en el control y el poder de las cúpulas partidarias. Me explico. La reelección tiene dos ventajas probadas: primero, permite que los ciudadanos tengan posibilidad de sancionar efectivamente a sus representantes. A vuelta de cada legislatura, el diputado o senador se confronta con sus electores y se somete a su mandato: si actuó bien es reelecto, si no, no. Su carrera y su futuro dependen entonces de sí mismo y de su actuación. Bajo el sistema de no reelección el legislador sigue adelante independientemente de su desempeño, pero además es la cúpula partidaria la que decide postularlo o no a otro cargo de elección popular. Debe, por lo tanto, quedar bien con los de arriba, no con los de abajo. Segundo, profesionaliza el trabajo de los legisladores e incrementa su responsabilidad. En suma, la reelección los vuelve más autónomos respecto de las cúpulas burocráticas. Ahí está, como decía Cantinflas, el detalle.
5. ¿Por qué pretendieron elevar a rango constitucional la prohibición de las candidaturas independientes?
Para monopolizar, de una vez por todas, la representación de los ciudadanos. La limitación del derecho a ser votado fortalece a las cúpulas partidarias y atenta contra la sociedad. Es un ejemplo muy claro del sentido último de esta reforma. Los políticos hablan de involucrar a los ciudadanos en la política, pero en realidad desalientan y coartan esa posibilidad. Su doble lenguaje y su moralina desteñida son grotescos.
6. ¿Estamos ante el fin de la trivialización de las campañas o, como sentenció La Jornada, la reforma enterró la dictadura de los spots?
Falso. La nueva legislación no contempla la desaparición de los spots. El tiempo que le será concedido a cada partido se traducirá en spots de uno, dos o tres minutos. La única diferencia es que no tendrán un costo para ellos. La combinación de tiempo libre con la gazmoñería que instituye la reforma será terrible. Algo así como pequeñas horas nacionales de 6 de la mañana a 12 de la noche.
7. ¿Hacia dónde apunta la nueva ley de medios?
Los senadores están hablando de una tercera o cuarta cadena. El problema estaría en que decidan comportarse como el buen samaritano y se propongan controlar los contenidos. Esto es, crear un comité de salud que censure los programas con el loable propósito de "mejorar" el nivel moral y la calidad de los mismos. Los antecedentes, consignados arriba, apuntan en ese sentido. De ser el caso, sería otro atentado, aun más grave, contra la libertad de expresión. Pero ¡aguas! Los senadores ya probaron las mieles de su poder y andan encarrerados.
La manera de medir el nivel de significación de un hecho, es la eventual llegada de la pregunta en una charla cualquiera sobre el tema "¿y dónde estabas tú cuando pasó?": El hombre en la luna, el terremoto del 85, la invasión que dió inicio a la guerra del Golfo Pérsico, el asesinato de Colosio, el atentado contra las Torres Gemelas (por cierto) o las bombas en los trenes del 11 de marzo.
Ayer 11 de Septiembre, mientras en diversos medios y seguramente el mundo entero se preguntaba dónde había estado en esta misma fecha pero de 2001, los mexicanos despertábamos con la noticia que a mi en lo personal me hará recordar esta fecha de manera diferente: el día en que el Congreso, por la vía legal, le robó la libertad a México en nombre de la democracia.
El alboroto venía de tiempo atrás con el runrun de que se cocinaba una reforma que exigía la destitución de Juan Carlos Ugalde y de todos los consejeros del IFE con el argument hueco de sus participación activa en un fraude electoral que, dicho sea de paso, nunca fue demostrado ni de cerca.
Cualquiera que oyera esta propuesta de reforma, se imaginaba una suerte de venganza directa de los partidos perdedores contra el IFE por no cumplir con sus absurdas demandas en el 2006; la teoría de la revancha la confirmaban también las opiniones de los que sí aprovaban esta medida "que bueno, para que se les quite", quizás decían, ¿no es esto revanchismo? ¿no es esto un escarmiento para que sepan con quién no deben de meterse?
Pues yo creia que esto ya era grave, pero lo peor estaba por saberse.
Escuchaba el programa radial de Sergio Sarmiento por la mañana, mientras que él entrevistaba al Senador del PAN, Santiago Creel para que nos explicara el por qué, siendo que desde que comenzaron los rumores de la reforma se negaron a apoyarla, ahora votarían en favor de dicho documento. En segundo lugar, que nos diera buenas razones para que nosotros como ciudadanos aprobáramos las modifiaciones, muchas de ellas absurdas, que se pretendían hacer a la constitución con la única razón aparente de construir una partidocracia, donde ni el IFE, ni los partidos chicos, ya ni siquiera el pueblo, tengamos derecho a participar en la contienda electoral sin presiones de los partidos fuertes.
Algunos de los puntos que se propusieron son absurdos, ilegales antes los derechos básicos civiles de cualquier república que se respete, inmoral ante los ojos de la democracia, ofensivos sobre la memoria de quienes han muerto por construir la democracia en México. Lo irónico, que muchos perredistas murieron en esta lucha y son ahora los sobrevivientes de dicho partido quienes promueven esta reforma sólo para sus revanchas y su propio "beneficio".
El que ningún particular pueda pagar de su bolsa un desplegado para apoyar o denunciar un candidato, ¿no es absurdo?. Que para poder ser votado tengo que tener la venia de un partido político ¿no es inmoral, abusivo y agresor de mis derechos civiles?. Además, la destitución de consejeros, la prohibición a los ciudadanos de pagar propaganda, el impedimento de la crítica a los contendientes, el condicionamiento de las candidaturas a puestos de elección popular, etc. ¿no son revanchas personales de AMLO y el PRD?
Tomar minutos valiosos (hablo de dinero) de los medios electrónicos para sus aburridos programas... si señor Creel, ABURRIDOS, aunque se ofenda... esto puede ser que sea un poquitín menos de lo que nos quieren hacer ver los señores de la CIRT; sin embargo si creo que es un agandalle cínico y prepotente, nada más, de los "señores" legisladores. El poder envenena, AGUAS.
Ellos dicen que esto es para darle oportunidad a los chiquitos (partidos) para estar en a contienda; que no sean hipócritas, porque si de verdad les interesara la equidad, hubieran considerado la repartición de ese tiempo agandallado en beneficio o POR LO MENOS, en condición de igualdad para con los partidos más jóvenes.
Obvio, que estos partidos con estas tres medidas, mordaza, eliminación de partidos jóvenes y candidaturas ciudadanas y publicidad (dicho sea de paso, gratis), esperan que la gente los volteé a ver, les suba el rating y, en una de esas y con mucha suerte, hasta se limpie su imagen y la gente vuelva a creer en ellos (ja). Lo que va a pasar nada más es que para gente como yo, que no voto por partidos enquistados, simplemente si no existiera Alternativa (o los otros partidos jóvenes) no iríamos a votar, o iríamos a invalidar la boleta o simplemente a robárnosla.
Señores legisladores, así no se gana esta guerra. Trabajen, ¿lo han intentando? así seguro la gente vuelve a verlos con mejores ojos.
REFORMA | 3 de Mayo de 2007
Ahora que, para regocijo de algunos intelectuales filotiránicos y de varios dirigentes totalitarios del PRD, Hugo Chávez ha suprimido el canal de televisión RCTV, es momento de valorar la libertad de expresión en México. No siempre fue tan sustantiva como lo es hoy, y podría dejar de serlo en el futuro. Fue una libertad que costó conquistar y que debe consolidarse, en un marco de responsabilidad y madurez.
Me tocó vivir de cerca la transición desde la trinchera de diversos medios: los periódicos y revistas, la radio y la televisión. La primera zona en liberarse fue la prensa. Tras el golpe al legendario Excélsior de Julio Scherer, en 1976, no siguió el silencio o la sumisión sino el nacimiento de al menos tres órganos independientes: la revista Proceso, el diario Unomásuno y la revista Vuelta. Indiferente al acoso oficial, Proceso solía documentar la tenebra nacional, semana tras semana, con valerosa y escalofriante precisión. La Jornada -heredera casi inmediata de la legitimidad inicial de Unomásuno- cumplía también una tenaz labor de crítica al "Ogro filantrópico". Al principio de los ochenta, Vuelta anticipó y articuló la necesidad de un cambio democrático, que en su momento recogieron otras revistas. En el interior de la República, otros audaces diarios y revistas trabajaban también, desde hacía tiempo, en el mismo sentido. A partir de 1994, con la aparición de Reforma, la democratización en los medios se aceleró. La letra impresa apuntalaba la transición gracias a una convergencia inédita entre posiciones liberales y de izquierda.
La radio había comenzado a despertar desde principios de los ochenta. El mérito histórico en este ámbito lo tuvo el programa Monitor con José Gutiérrez Vivó: organizó conversaciones, debates y mesas redondas, y arriesgó una cobertura independiente. Con el tiempo aparecieron competidores -algunos auténticos, otros oportunistas-, pero el público supo siempre (y sabe aún) el carácter precursor de ese programa. Sin embargo, incluso en ese espacio ejemplar había restricciones. En 1992 atestigüé la llamada de Gobernación que recibieron los dueños de Radio Red, a propósito del programa que íbamos a hacer sobre el candente tema de la reelección: "Don Fernando sugiere que ese tema no se toque". Y no se tocó. Con todo, la radio fue ganando un espacio sólido de credibilidad, fincado en una sencilla máxima: servir al público no al poder.
La televisión no servía al público, servía al poder. Su verdad era la verdad oficial. No había lugar para la oposición, el debate o el documental histórico y político. El cambio sobrevino a cuentagotas. En 1990, Mario Vargas Llosa denunció a "la dictadura perfecta" en el marco del "Encuentro Vuelta", convocado por Octavio Paz, y trasmitido por Televisa. Los hechos dramáticos de 1994 se abrieron paso en la pantalla. Pero no fue hasta 1998, que el cuadro se modificó radicalmente. Se trasmitió el primer programa de "México Nuevo Siglo", con escenas del 68 nunca antes vistas en televisión. El noticiero de López Dóriga dio inicio a "En opinión de...", espacio plural y abierto a todas las voces del espectro político. Los noticieros comenzaron a producir reportajes sobre temas que habían sido tabú. Algo similar ocurría en Televisión Azteca y en Canal Once. Aparecieron o se consolidaron programas serios de discusión: "Zona Abierta", "La Entrevista con Sarmiento", "Primer Plano". El mismísimo subcomandante "Marcos" salió en la pantalla del Canal 2. Conforme se aproximaron las elecciones del 2006, la televisión privada abrió sus espacios a la oposición, no sólo en los tiempos de cobertura sino en la filiación abierta de algunos de sus afamados comentaristas. Y Televisa produjo una serie que contribuyó a que el votante conociera de cerca a los candidatos: "Diálogos por México".
En 1953 Daniel Cosío Villegas escribió: "Tenemos una prensa libre que no sabe usar su libertad". Se refería a la utilización responsable de la libertad. La pregunta interesante para los medios hoy en día es: ¿han aprendido a usarla en ese sentido? Todos, sin excepción, han cometido, y cometen aún, graves distorsiones. Señalo unas cuantas. La prensa de "derecha" dedica secciones enteras a promover una lamentable frivolidad. La prensa "de izquierda" se ha vuelto cada vez más dogmática e inquisitorial. Muchos comunicadores confunden el micrófono con el púlpito, lanzan anatemas contra sus adversarios y editorializan sesgadamente las noticias.
Tal vez estos problemas sean naturales. Tras medio siglo de censura relativa, es mejor que se ejerza la libertad con exceso, y que el público la vaya acotando. Aunque es obvio que no basta el público. Se requiere mayor competencia. Sin embargo no basta la competencia, porque la nota roja tiene más rating que la nota seria y los competidores pueden optar por abatir la calidad en vez de elevarla. Por eso importa tanto la certeza legal e institucional que asegure el ejercicio continuado y responsable de la libertad. Ése debe ser el papel del órgano regulador, pero, ¿cómo configurarlo? ¿En manos del Ejecutivo o -como creo- de común acuerdo entre dos poderes? ¿Con una legislación y regulación orientadas discrecionalmente desde el Ejecutivo u otras -como creo también- esencialmente técnicas y autónomas, que impidan los caprichos de un eventual Hugo Chávez mexicano?
Hay democracias que terminan por ser antiliberales (Venezuela es una, Alemania en 1933 fue otra). Para consolidar la democracia en la libertad y la libertad en la democracia, se necesita un público alerta, libre competencia, certeza legal e institucional, pero incluso todo ello no basta. Se requiere -repito la idea de Karl Popper- algún código de autorregulación como el que adopta The New York Times, que sólo da a luz "All the News that's Fit to Print" ("todas las noticias que merecen publicarse"). Y tampoco eso basta, porque finalmente necesitamos crítica de los contenidos. Sólo la crítica objetiva y seria (no el odio ideológico disfrazado de crítica) puede lograr que nuestros medios -los actuales y los futuros- hagan mejor uso de su libertad. Esa misma libertad que los consabidos "abajofirmantes" disfrutan en México y desdeñan para Venezuela.
Ahora que, para regocijo de algunos intelectuales filotiránicos y de varios dirigentes totalitarios del PRD, Hugo Chávez ha suprimido el canal de televisión RCTV, es momento de valorar la libertad de expresión en México. No siempre fue tan sustantiva como lo es hoy, y podría dejar de serlo en el futuro. Fue una libertad que costó conquistar y que debe consolidarse, en un marco de responsabilidad y madurez.Me tocó vivir de cerca la transición desde la trinchera de diversos medios: los periódicos y revistas, la radio y la televisión. La primera zona en liberarse fue la prensa. Tras el golpe al legendario Excélsior de Julio Scherer, en 1976, no siguió el silencio o la sumisión sino el nacimiento de al menos tres órganos independientes: la revista Proceso, el diario Unomásuno y la revista Vuelta. Indiferente al acoso oficial, Proceso solía documentar la tenebra nacional, semana tras semana, con valerosa y escalofriante precisión. La Jornada -heredera casi inmediata de la legitimidad inicial de Unomásuno- cumplía también una tenaz labor de crítica al "Ogro filantrópico". Al principio de los ochenta, Vuelta anticipó y articuló la necesidad de un cambio democrático, que en su momento recogieron otras revistas. En el interior de la República, otros audaces diarios y revistas trabajaban también, desde hacía tiempo, en el mismo sentido. A partir de 1994, con la aparición de Reforma, la democratización en los medios se aceleró. La letra impresa apuntalaba la transición gracias a una convergencia inédita entre posiciones liberales y de izquierda.
La radio había comenzado a despertar desde principios de los ochenta. El mérito histórico en este ámbito lo tuvo el programa Monitor con José Gutiérrez Vivó: organizó conversaciones, debates y mesas redondas, y arriesgó una cobertura independiente. Con el tiempo aparecieron competidores -algunos auténticos, otros oportunistas-, pero el público supo siempre (y sabe aún) el carácter precursor de ese programa. Sin embargo, incluso en ese espacio ejemplar había restricciones. En 1992 atestigüé la llamada de Gobernación que recibieron los dueños de Radio Red, a propósito del programa que íbamos a hacer sobre el candente tema de la reelección: "Don Fernando sugiere que ese tema no se toque". Y no se tocó. Con todo, la radio fue ganando un espacio sólido de credibilidad, fincado en una sencilla máxima: servir al público no al poder.
La televisión no servía al público, servía al poder. Su verdad era la verdad oficial. No había lugar para la oposición, el debate o el documental histórico y político. El cambio sobrevino a cuentagotas. En 1990, Mario Vargas Llosa denunció a "la dictadura perfecta" en el marco del "Encuentro Vuelta", convocado por Octavio Paz, y trasmitido por Televisa. Los hechos dramáticos de 1994 se abrieron paso en la pantalla. Pero no fue hasta 1998, que el cuadro se modificó radicalmente. Se trasmitió el primer programa de "México Nuevo Siglo", con escenas del 68 nunca antes vistas en televisión. El noticiero de López Dóriga dio inicio a "En opinión de...", espacio plural y abierto a todas las voces del espectro político. Los noticieros comenzaron a producir reportajes sobre temas que habían sido tabú. Algo similar ocurría en Televisión Azteca y en Canal Once. Aparecieron o se consolidaron programas serios de discusión: "Zona Abierta", "La Entrevista con Sarmiento", "Primer Plano". El mismísimo subcomandante "Marcos" salió en la pantalla del Canal 2. Conforme se aproximaron las elecciones del 2006, la televisión privada abrió sus espacios a la oposición, no sólo en los tiempos de cobertura sino en la filiación abierta de algunos de sus afamados comentaristas. Y Televisa produjo una serie que contribuyó a que el votante conociera de cerca a los candidatos: "Diálogos por México".
En 1953 Daniel Cosío Villegas escribió: "Tenemos una prensa libre que no sabe usar su libertad". Se refería a la utilización responsable de la libertad. La pregunta interesante para los medios hoy en día es: ¿han aprendido a usarla en ese sentido? Todos, sin excepción, han cometido, y cometen aún, graves distorsiones. Señalo unas cuantas. La prensa de "derecha" dedica secciones enteras a promover una lamentable frivolidad. La prensa "de izquierda" se ha vuelto cada vez más dogmática e inquisitorial. Muchos comunicadores confunden el micrófono con el púlpito, lanzan anatemas contra sus adversarios y editorializan sesgadamente las noticias.
Tal vez estos problemas sean naturales. Tras medio siglo de censura relativa, es mejor que se ejerza la libertad con exceso, y que el público la vaya acotando. Aunque es obvio que no basta el público. Se requiere mayor competencia. Sin embargo no basta la competencia, porque la nota roja tiene más rating que la nota seria y los competidores pueden optar por abatir la calidad en vez de elevarla. Por eso importa tanto la certeza legal e institucional que asegure el ejercicio continuado y responsable de la libertad. Ése debe ser el papel del órgano regulador, pero, ¿cómo configurarlo? ¿En manos del Ejecutivo o -como creo- de común acuerdo entre dos poderes? ¿Con una legislación y regulación orientadas discrecionalmente desde el Ejecutivo u otras -como creo también- esencialmente técnicas y autónomas, que impidan los caprichos de un eventual Hugo Chávez mexicano?
Hay democracias que terminan por ser antiliberales (Venezuela es una, Alemania en 1933 fue otra). Para consolidar la democracia en la libertad y la libertad en la democracia, se necesita un público alerta, libre competencia, certeza legal e institucional, pero incluso todo ello no basta. Se requiere -repito la idea de Karl Popper- algún código de autorregulación como el que adopta The New York Times, que sólo da a luz "All the News that's Fit to Print" ("todas las noticias que merecen publicarse"). Y tampoco eso basta, porque finalmente necesitamos crítica de los contenidos. Sólo la crítica objetiva y seria (no el odio ideológico disfrazado de crítica) puede lograr que nuestros medios -los actuales y los futuros- hagan mejor uso de su libertad. Esa misma libertad que los consabidos "abajofirmantes" disfrutan en México y desdeñan para Venezuela.
Publicado en Reforma, 20 de Mayo, 2007
La televisión no tiene la facultad de gobernar, legislar, juzgar, mandar batallones, pero tiene un poder acaso más preciado: la atención de millones de personas. Por eso, la pregunta interesante en nuestro tiempo es ¿cómo se puede o debe usar ese poder para beneficio de la sociedad? O, puesta en términos negativos, ¿cómo limitar ese poder para que no actúe en detrimento de ella? Los estados totalitarios tienen una respuesta sencilla: la estatización. Pero en los estados democráticos y liberales el problema, por fortuna, es más complejo.
Daniel Cosío Villegas creyó que el poder de la televisión podía usarse para fines de educación y cultura. Su Historia mínima de México fue, en el origen, un guión para televisión. Al final de su vida, apareció en varios programas comentando el escenario internacional. Octavio Paz creyó también en la posibilidad de orientar el poder de la televisión hacia la cultura: solía hacer un comentario en el noticiero 24 Horas de Jacobo Zabludovsky, y creó varios proyectos de alta calidad intelectual que tuvieron, además, un rating respetable: la serie "Encuentros", "México en la obra de Octavio Paz", el "Encuentro Vuelta: La experiencia de la libertad". Luego de su muerte, muchos de quienes lo criticaban por aparecer en la televisión hicieron lo mismo que él. Por mi parte, nunca he dudado de que la televisión puede ser un espléndido vehículo de difusión histórica, como demostraron en su momento las telenovelas de Ernesto Alonso y Fausto Zerón Medina. La serie "México Nuevo Siglo", que desde 1998 hasta hoy se ha trasmitido por Canal 2, es -quiero pensar- otro ejemplo de que la televisión puede usarse con fines culturales.
Se dice que la vocación de la televisión es entretener. Puesto así el asunto parece sencillo, pero el problema reside en los contenidos. Los más violentos, degradantes, transgresivos o vacuos pueden ser "entretenidos", pero hacen un enorme daño a la sociedad. Por eso, nada menos que Karl Popper -el filósofo liberal más influyente del siglo XX- sostenía que, por la naturaleza de su "producto", la televisión requería de una reglamentación. Sería deseable -agregaba- que los medios electrónicos adoptaran públicamente un código autoimpuesto de ética, y crearan un instituto que emitiera licencias revocables en caso de violación (Karl Popper: La televisión es mala maestra, Fondo de Cultura Económica). En el mismo sentido, también sería muy sano que la televisión privada mexicana tomara la iniciativa de abrir un debate crítico y autocrítico sobre todos sus contenidos, y explorara seriamente la manera de mejorarlos incorporando una nueva y verdadera creatividad.
En términos de responsabilidad cívica, sigo sosteniendo lo que escribí en "Para salir de Babel" (mayo de 2004): "la televisión no ha estado a la altura de los tiempos... ha relegado uno de sus deberes fundamentales, sobre todo en un país atrasado y pobre como México: el deber de educar y formar opinión. La televisión podría ser un foro espléndido para que los actores de la vida pública y los ciudadanos en general (estudiantes, académicos, empresarios, militares, religiosos, obreros, campesinos) debatan (no sólo conversen) sobre los temas urgentes de nuestra agenda pública". En México, los debates pueden ser una gran escuela de tolerancia y civilidad.
Lo cual me lleva a la zona más delicada del poder de la televisión: su relación con el poder político. Durante los viejos tiempos del PRI, la televisión no servía al público: servía al Poder Ejecutivo. En el sexenio de Zedillo, la situación comenzó a cambiar en un sentido de pluralidad democrática que se afianzó a partir del año 2000. Sólo la mezquindad puede negar que, desde entonces, la televisión privada mexicana (y sí, Televisa en particular) abrió sus espacios informativos y de opinión a la oposición, en particular a la oposición de izquierda (Un botón de muestra: en la elección presidencial en el 2006, el número de menciones en radio y televisión de la Coalición por el Bien de Todos fue de 51,318; el PAN tuvo 39,243 y el PRI 43,467). Este proceso positivo de apertura se vio manchado -también es cierto- por hechos que significaban una contradictoria vuelta al pasado, como la cercanía con Los Pinos.
Pero más allá del desempeño de las televisoras en la transición democrática de México, es obvio que su lugar público no puede depender de su propia discrecionalidad: debe legislarse, y en efecto se ha legislado, una ley cuya constitucionalidad (objeto de la acción en esta materia) debate ahora mismo la Suprema Corte de Justicia. En nuestra transición democrática, el Poder Judicial ha debido ser el fiel de la balanza entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahora -si no hay imprevistos- debe pronunciarse en torno a la ley que engloba la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Tratándose de un asunto tan importante, es encomiable que la ponencia de 546 páginas del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano esté disponible en Internet, y que la Corte se haya mostrado abierta para que el público y las instituciones opinen sobre el tema. Un viejo axioma reza: "la Constitución dice lo que la Corte dice que la Constitución dice". Así es y así debe seguir siendo.
La complejidad técnica y jurídica de la ley rebasa, por supuesto, mi reducida área de conocimiento. Creo en la libre competencia y espero que la sentencia de la Corte la fortalezca. No creo que las futuras licitaciones deban darse sólo con criterios económicos, sino con ponderaciones a la oferta cualitativa de los posibles concesionarios. Creo también en la necesidad de alentar tanto a los medios culturales independientes como a los comunitarios e indígenas, y espero que la Corte -como apunta la ponencia- declare inconstitucional esa omisión, y que el Legislativo la subsane.
Por otro lado, pienso que, al menos en un sentido, la Ley vigente significa un avance sobre la anterior: resta al Presidente de la República la completa discrecionalidad en el dominio de las concesiones. Tal como está ahora, el Artículo 9-C establece que los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) serán nombrados por el Presidente de la República, pasando por la "no objeción" del Senado, pero en el proyecto del ministro Aguirre Anguiano, el Artículo se considera inconstitucional porque "implica una invasión a las facultades del Presidente". Se aduce que el Artículo 76 de la Constitución no otorga al Senado facultades para intervenir en el área de la Administración Pública Centralizada, cuyo dominio corresponde sólo al Presidente y a cuya esfera pertenece la Cofetel. Independientemente de la sentencia inatacable que emita la Corte, creo que en el futuro sería sano que la Cofetel adquiriera autonomía respecto del Ejecutivo, haciendo intervenir a la representación nacional (es decir, al Senado) en el sentido de la "no objeción". Para ello, quizá bastaría que se legislara para la Cofetel un régimen de organismo descentralizado. La madurez democrática y republicana de México depende de la división y equilibrio de poderes, de todos los poderes
La televisión no tiene la facultad de gobernar, legislar, juzgar, mandar batallones, pero tiene un poder acaso más preciado: la atención de millones de personas. Por eso, la pregunta interesante en nuestro tiempo es ¿cómo se puede o debe usar ese poder para beneficio de la sociedad? O, puesta en términos negativos, ¿cómo limitar ese poder para que no actúe en detrimento de ella? Los estados totalitarios tienen una respuesta sencilla: la estatización. Pero en los estados democráticos y liberales el problema, por fortuna, es más complejo.Daniel Cosío Villegas creyó que el poder de la televisión podía usarse para fines de educación y cultura. Su Historia mínima de México fue, en el origen, un guión para televisión. Al final de su vida, apareció en varios programas comentando el escenario internacional. Octavio Paz creyó también en la posibilidad de orientar el poder de la televisión hacia la cultura: solía hacer un comentario en el noticiero 24 Horas de Jacobo Zabludovsky, y creó varios proyectos de alta calidad intelectual que tuvieron, además, un rating respetable: la serie "Encuentros", "México en la obra de Octavio Paz", el "Encuentro Vuelta: La experiencia de la libertad". Luego de su muerte, muchos de quienes lo criticaban por aparecer en la televisión hicieron lo mismo que él. Por mi parte, nunca he dudado de que la televisión puede ser un espléndido vehículo de difusión histórica, como demostraron en su momento las telenovelas de Ernesto Alonso y Fausto Zerón Medina. La serie "México Nuevo Siglo", que desde 1998 hasta hoy se ha trasmitido por Canal 2, es -quiero pensar- otro ejemplo de que la televisión puede usarse con fines culturales.
Se dice que la vocación de la televisión es entretener. Puesto así el asunto parece sencillo, pero el problema reside en los contenidos. Los más violentos, degradantes, transgresivos o vacuos pueden ser "entretenidos", pero hacen un enorme daño a la sociedad. Por eso, nada menos que Karl Popper -el filósofo liberal más influyente del siglo XX- sostenía que, por la naturaleza de su "producto", la televisión requería de una reglamentación. Sería deseable -agregaba- que los medios electrónicos adoptaran públicamente un código autoimpuesto de ética, y crearan un instituto que emitiera licencias revocables en caso de violación (Karl Popper: La televisión es mala maestra, Fondo de Cultura Económica). En el mismo sentido, también sería muy sano que la televisión privada mexicana tomara la iniciativa de abrir un debate crítico y autocrítico sobre todos sus contenidos, y explorara seriamente la manera de mejorarlos incorporando una nueva y verdadera creatividad.
En términos de responsabilidad cívica, sigo sosteniendo lo que escribí en "Para salir de Babel" (mayo de 2004): "la televisión no ha estado a la altura de los tiempos... ha relegado uno de sus deberes fundamentales, sobre todo en un país atrasado y pobre como México: el deber de educar y formar opinión. La televisión podría ser un foro espléndido para que los actores de la vida pública y los ciudadanos en general (estudiantes, académicos, empresarios, militares, religiosos, obreros, campesinos) debatan (no sólo conversen) sobre los temas urgentes de nuestra agenda pública". En México, los debates pueden ser una gran escuela de tolerancia y civilidad.
Lo cual me lleva a la zona más delicada del poder de la televisión: su relación con el poder político. Durante los viejos tiempos del PRI, la televisión no servía al público: servía al Poder Ejecutivo. En el sexenio de Zedillo, la situación comenzó a cambiar en un sentido de pluralidad democrática que se afianzó a partir del año 2000. Sólo la mezquindad puede negar que, desde entonces, la televisión privada mexicana (y sí, Televisa en particular) abrió sus espacios informativos y de opinión a la oposición, en particular a la oposición de izquierda (Un botón de muestra: en la elección presidencial en el 2006, el número de menciones en radio y televisión de la Coalición por el Bien de Todos fue de 51,318; el PAN tuvo 39,243 y el PRI 43,467). Este proceso positivo de apertura se vio manchado -también es cierto- por hechos que significaban una contradictoria vuelta al pasado, como la cercanía con Los Pinos.
Pero más allá del desempeño de las televisoras en la transición democrática de México, es obvio que su lugar público no puede depender de su propia discrecionalidad: debe legislarse, y en efecto se ha legislado, una ley cuya constitucionalidad (objeto de la acción en esta materia) debate ahora mismo la Suprema Corte de Justicia. En nuestra transición democrática, el Poder Judicial ha debido ser el fiel de la balanza entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahora -si no hay imprevistos- debe pronunciarse en torno a la ley que engloba la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Tratándose de un asunto tan importante, es encomiable que la ponencia de 546 páginas del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano esté disponible en Internet, y que la Corte se haya mostrado abierta para que el público y las instituciones opinen sobre el tema. Un viejo axioma reza: "la Constitución dice lo que la Corte dice que la Constitución dice". Así es y así debe seguir siendo.
La complejidad técnica y jurídica de la ley rebasa, por supuesto, mi reducida área de conocimiento. Creo en la libre competencia y espero que la sentencia de la Corte la fortalezca. No creo que las futuras licitaciones deban darse sólo con criterios económicos, sino con ponderaciones a la oferta cualitativa de los posibles concesionarios. Creo también en la necesidad de alentar tanto a los medios culturales independientes como a los comunitarios e indígenas, y espero que la Corte -como apunta la ponencia- declare inconstitucional esa omisión, y que el Legislativo la subsane.
Por otro lado, pienso que, al menos en un sentido, la Ley vigente significa un avance sobre la anterior: resta al Presidente de la República la completa discrecionalidad en el dominio de las concesiones. Tal como está ahora, el Artículo 9-C establece que los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) serán nombrados por el Presidente de la República, pasando por la "no objeción" del Senado, pero en el proyecto del ministro Aguirre Anguiano, el Artículo se considera inconstitucional porque "implica una invasión a las facultades del Presidente". Se aduce que el Artículo 76 de la Constitución no otorga al Senado facultades para intervenir en el área de la Administración Pública Centralizada, cuyo dominio corresponde sólo al Presidente y a cuya esfera pertenece la Cofetel. Independientemente de la sentencia inatacable que emita la Corte, creo que en el futuro sería sano que la Cofetel adquiriera autonomía respecto del Ejecutivo, haciendo intervenir a la representación nacional (es decir, al Senado) en el sentido de la "no objeción". Para ello, quizá bastaría que se legislara para la Cofetel un régimen de organismo descentralizado. La madurez democrática y republicana de México depende de la división y equilibrio de poderes, de todos los poderes
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