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24 Abr. 08
"Tengo que seguirlos: soy su líder".
Alexandre Rollin
Antes los llamaban "comisionados" o incluso "aviadores". Los términos se referían a aquellos trabajadores o empleados que los sindicatos o las dependencias gubernamentales liberaban de sus responsabilidades normales y utilizaban para realizar trabajo político... esto es, los mandaban a la grilla, para emplear la terminología que ellos mismos empleaban. Estos comisionados no tenían que realizar las labores pesadas para las que se les pagaba su salario sino otras determinadas por el jefe o el líder sindical.
Hoy, gracias a Andrés Manuel López Obrador, podemos llamar a estas personas "adelitos", aunque en esencia siguen haciendo lo mismo. Se trata de empleados o trabajadores que no tienen que cumplir con los trabajos para los que se les paga un sueldo sino que utilizan su tiempo para labores políticas.
¿Nunca se ha preguntado usted cómo hace un maestro o un campesino o un taxista pirata o una ex "gacela" (escolta femenina) del gobierno del Distrito Federal para pasar días, semanas o meses enteros en plantones y movilizaciones? Es tan poco lo que gana un maestro común y corriente, sobre todo si realmente tiene que dedicar su tiempo a dar clases, que es difícil saber cómo puede dejar de asistir a sus obligaciones durante semanas para quedarse a vivir, por ejemplo, en el campamento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, mantiene desde hace meses fuera de las instalaciones del ISSSTE en la Plaza de la República.
Afortunadamente, los mexicanos no tenemos por qué preocuparnos por los ingresos de estos adelitos. Todos ellos reciben puntualmente ingresos iguales o incluso mayores a los que obtendrían en sus rutinarios trabajos burocráticos. ¿Quién aporta ese dinero? Nosotros los contribuyentes, por supuesto. ¿Quién más?
Los adelitos y las adelitas -para hablar en el lenguaje políticamente correcto que nos heredó Vicente Fox- no tienen el problema del resto de los mexicanos de tener que presentarse a trabajar para percibir sus salarios. Nuestro sistema político, experto en simulaciones, ha encontrado formas para darle a cada uno un dinero seguro a pesar de no estar cumpliendo con las funciones para las que fue contratado.
A algunos de los adelitos les paga el partido político al que pertenecen. Si bien al IFE se le reportan funciones administrativas para estas personas, el verdadero trabajo que llevan a cabo es el de organizar manifestaciones, plantones y actos diversos de presión durante el tiempo que sea necesario. No hay que preguntarse de dónde sacan los partidos el dinero para este propósito. Tan sólo en este 2008, un año en el que no hay elecciones federales, los tres partidos del Frente Amplio Progresista recibirán más de 900 millones de pesos de dinero de los contribuyentes. Y como ya no tienen que pagar por los anuncios de radio y televisión, tienen una verdadera fortuna en sus manos que no saben en qué gastar.
Otros adelitos son subsidiados por las instituciones a las que deben prestar sus servicios. Algunos maestros y profesores de escuelas y universidades públicas, por ejemplo, pueden darse el lujo de pasarse meses enteros en plantones y trabajos políticos pese a lo cual siguen recibiendo sus sueldos de estas instituciones. Algunos de ellos son comisionados para la realización del trabajo político, pero otros simplemente aprovechan la facilidad con la que pueden cobrar en nuestras instituciones públicas sin hacer nada... o por lo menos nada para la institución.
Muchos de los adelitos son empleados o trabajadores del gobierno. Se les contrata ostensiblemente para cumplir con una obligación determinada en la administración pública, pero su trabajo real es participar en movilizaciones políticas.
En los casos de algunas asociaciones populares, como las de los taxistas, la organización utiliza sus propios recursos para subsidiar a sus adelitos. Pero claro, estos grupos obtienen sus ingresos de los tratos especiales que obtienen de la autoridad, por lo que enviar carne de cañón a las movilizaciones es un costo relativamente pequeño en el negocio privilegiado al que tienen acceso. Los sindicatos, por supuesto, siempre tienen grandes números de comisionados listos a hacer todo menos a trabajar para las empresas que los han contratado.
A final de cuentas, sin embargo, los que pagamos los sueldos de todos los adelitos -desde los secretarios del "gobierno legítimo" hasta el correveydile más humilde- somos nosotros los contribuyentes. Y es que si realmente los adelitos tuvieran que trabajar para ganarse la vida, como la enorme mayoría de los mexicanos, el número que participa en plantones y manifestaciones prolongados se reduciría de manera dramática.
Hoy, gracias a Andrés Manuel López Obrador, podemos llamar a estas personas "adelitos", aunque en esencia siguen haciendo lo mismo. Se trata de empleados o trabajadores que no tienen que cumplir con los trabajos para los que se les paga un sueldo sino que utilizan su tiempo para labores políticas.
¿Nunca se ha preguntado usted cómo hace un maestro o un campesino o un taxista pirata o una ex "gacela" (escolta femenina) del gobierno del Distrito Federal para pasar días, semanas o meses enteros en plantones y movilizaciones? Es tan poco lo que gana un maestro común y corriente, sobre todo si realmente tiene que dedicar su tiempo a dar clases, que es difícil saber cómo puede dejar de asistir a sus obligaciones durante semanas para quedarse a vivir, por ejemplo, en el campamento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, mantiene desde hace meses fuera de las instalaciones del ISSSTE en la Plaza de la República.
Afortunadamente, los mexicanos no tenemos por qué preocuparnos por los ingresos de estos adelitos. Todos ellos reciben puntualmente ingresos iguales o incluso mayores a los que obtendrían en sus rutinarios trabajos burocráticos. ¿Quién aporta ese dinero? Nosotros los contribuyentes, por supuesto. ¿Quién más?
Los adelitos y las adelitas -para hablar en el lenguaje políticamente correcto que nos heredó Vicente Fox- no tienen el problema del resto de los mexicanos de tener que presentarse a trabajar para percibir sus salarios. Nuestro sistema político, experto en simulaciones, ha encontrado formas para darle a cada uno un dinero seguro a pesar de no estar cumpliendo con las funciones para las que fue contratado.
A algunos de los adelitos les paga el partido político al que pertenecen. Si bien al IFE se le reportan funciones administrativas para estas personas, el verdadero trabajo que llevan a cabo es el de organizar manifestaciones, plantones y actos diversos de presión durante el tiempo que sea necesario. No hay que preguntarse de dónde sacan los partidos el dinero para este propósito. Tan sólo en este 2008, un año en el que no hay elecciones federales, los tres partidos del Frente Amplio Progresista recibirán más de 900 millones de pesos de dinero de los contribuyentes. Y como ya no tienen que pagar por los anuncios de radio y televisión, tienen una verdadera fortuna en sus manos que no saben en qué gastar.
Otros adelitos son subsidiados por las instituciones a las que deben prestar sus servicios. Algunos maestros y profesores de escuelas y universidades públicas, por ejemplo, pueden darse el lujo de pasarse meses enteros en plantones y trabajos políticos pese a lo cual siguen recibiendo sus sueldos de estas instituciones. Algunos de ellos son comisionados para la realización del trabajo político, pero otros simplemente aprovechan la facilidad con la que pueden cobrar en nuestras instituciones públicas sin hacer nada... o por lo menos nada para la institución.
Muchos de los adelitos son empleados o trabajadores del gobierno. Se les contrata ostensiblemente para cumplir con una obligación determinada en la administración pública, pero su trabajo real es participar en movilizaciones políticas.
En los casos de algunas asociaciones populares, como las de los taxistas, la organización utiliza sus propios recursos para subsidiar a sus adelitos. Pero claro, estos grupos obtienen sus ingresos de los tratos especiales que obtienen de la autoridad, por lo que enviar carne de cañón a las movilizaciones es un costo relativamente pequeño en el negocio privilegiado al que tienen acceso. Los sindicatos, por supuesto, siempre tienen grandes números de comisionados listos a hacer todo menos a trabajar para las empresas que los han contratado.
A final de cuentas, sin embargo, los que pagamos los sueldos de todos los adelitos -desde los secretarios del "gobierno legítimo" hasta el correveydile más humilde- somos nosotros los contribuyentes. Y es que si realmente los adelitos tuvieran que trabajar para ganarse la vida, como la enorme mayoría de los mexicanos, el número que participa en plantones y manifestaciones prolongados se reduciría de manera dramática.
Sergio Sarmiento
3 Mar. 08
Publicado en: Reforma
"pelele. 1. m. Figura humana de paja o trapos que se suele poner en los balcones... 3. m. coloq. Persona simple o inútil".
Diccionario de la Real Academia Española
Tan sólo es el presidente "legítimo" y no el constitucional, pero eso no ha sido obstáculo para que Andrés Manuel López Obrador caiga en las viejas prácticas del presidencialismo priista. Esto lo vemos en su abierto operativo para lograr que su lugarteniente de tanto tiempo, Alejandro Encinas, sea electo presidente nacional del PRD.
El autodenominado presidente legítimo no ha ocultado su intención de imponer a su candidato como cabeza de su principal partido político (principal, porque también tiene al PT y en menor medida a Convergencia). Públicamente le ha expresado un apoyo irrestricto. Pero además ha utilizado a sus alfiles, como el secretario de Comunicación del partido, Gerardo Fernández Noroña, para atacar a los candidatos rivales y en especial al más peligroso de todos, a Jesús Ortega, ex coordinador de los senadores del PRD y ex coordinador de campaña del propio López Obrador.
El presidente legítimo ha reclutado para la campaña de Encinas al propio René Bejarano, quien fue su secretario particular y que nominalmente ha sido expulsado del PRD por haber aceptado dinero del contratista Carlos Ahumada, pero que sigue controlando con su esposa Dolores Padierna a los grupos corporativistas más importantes del Distrito Federal.
De nada le ha servido a Ortega haber sido estrictamente leal a López Obrador durante la campaña del 2006 y las movilizaciones posteriores, entre ellas la toma del Paseo de la Reforma que tanto daño le hizo al PRD. El problema para López Obrador es que Ortega, y el resto del ala moderada del PRD, tienen una visión distinta a la del ex candidato presidencial, y el presidente legítimo no quiere a un presidente del partido que le genere problemas o cuestionamiento. López Obrador quiere tener al frente del PRD a un hombre de toda su confianza, a un político que haga todo lo que él ordene, a un verdadero pelele.
La cargada a favor de Encinas ha sido impresionante. Toda la maquinaria del presidente legítimo se ha desplegado en apoyo a su candidato. Ahora muchos perredistas se quieren lavar las manos de Bejarano, pero es claro que éste nunca ha dejado de desempeñar un papel importante en los operativos políticos del PRD. Lo curioso del caso es que a los miembros del PRD que pertenecen al ala moderada, como al senador Carlos Navarrete, se les están haciendo descuentos en sus ingresos para pagar los gastos de un aparato electoral destinado a derrotarlos en las urnas. Particularmente eficaz en el operativo político a favor de Encinas ha sido el apoyo de La Jornada, la Biblia de los perredistas.
Ortega ha tenido también respaldos importantes, entre ellos el de Lázaro Cárdenas Batel, el ex gobernador de Michoacán, pero estos miembros del PRD no controlan los aparatos corporativistas a los que tiene acceso López Obrador.
Como consecuencia de la cargada, Encinas se ha convertido en el favorito para ganar la elección del próximo 16 de marzo. Una encuesta del periódico Reforma señalaba que el candidato de López Obrador tenía el apoyo del 21 por ciento de la población en general, contra el 12 por ciento de Jesús Ortega; lo que es más importante es que contaba con la preferencia del 33 por ciento de los perredistas contra el 21 por ciento de Ortega. Si bien aún el 30 por ciento de los encuestados perredistas no expresaba su simpatía en esta encuesta, realizada entre el 16 y el 18 de febrero, la ventaja de Encinas era ya muy grande. Tendría que ocurrir una enorme sorpresa para que Ortega pudiera revertirla y alzarse con el triunfo.
Quizá López Obrador, como militante de un partido en pleno goce de sus facultades políticas, tenga todo el derecho a utilizar su considerable poder e influencias para buscar que un incondicional ocupe la presidencia nacional del partido clave en la izquierda nacional. No deja de ser inquietante, sin embargo, que en un momento en que él es solamente el "presidente legítimo", y no el constitucional, López Obrador esté recurriendo ya a todas las viejas prácticas del priismo para asegurar el triunfo de su candidato.
No hay mucha diferencia entre lo que está haciendo López Obrador y lo que hizo el presidente Felipe Calderón para colocar a la cabeza del PAN a un hombre de su confianza, Germán Martínez, o lo que durante tantas décadas hicieron los presidentes surgidos de las filas del PRI. De alguna manera esto nos dice cómo serían las cosas en este país si el presidente legítimo fuera también el presidente constitucional.
¿Y Marcelo?
Lo lógico es que tarde o temprano Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deslinde de López Obrador. Los dos, después de todo, tienen la ambición de llegar a la Presidencia de la República en el 2012; pero hasta ahora Ebrard ha mostrado una impecable lealtad al presidente legítimo. Es probable que ambos tengan un acuerdo para apoyarse mutuamente en el 2012, con lo cual decidirían -tal vez por encuestas en el 2011- quién sería el candidato a la Presidencia de su grupo. Habrá que ver si el acuerdo se sostiene. Por lo pronto resulta interesante ver que, hasta ahora, ni Ebrard ni ninguno de los miembros de su equipo han intervenido abiertamente en el proceso electoral interno del PRD. El jefe de Gobierno capitalino no ha querido, al parecer, quemar los puentes con los Chuchos, con los moderados, como lo ha hecho López Obrador.
3 Mar. 08
Publicado en: Reforma
"pelele. 1. m. Figura humana de paja o trapos que se suele poner en los balcones... 3. m. coloq. Persona simple o inútil".
Diccionario de la Real Academia Española
Tan sólo es el presidente "legítimo" y no el constitucional, pero eso no ha sido obstáculo para que Andrés Manuel López Obrador caiga en las viejas prácticas del presidencialismo priista. Esto lo vemos en su abierto operativo para lograr que su lugarteniente de tanto tiempo, Alejandro Encinas, sea electo presidente nacional del PRD.
El autodenominado presidente legítimo no ha ocultado su intención de imponer a su candidato como cabeza de su principal partido político (principal, porque también tiene al PT y en menor medida a Convergencia). Públicamente le ha expresado un apoyo irrestricto. Pero además ha utilizado a sus alfiles, como el secretario de Comunicación del partido, Gerardo Fernández Noroña, para atacar a los candidatos rivales y en especial al más peligroso de todos, a Jesús Ortega, ex coordinador de los senadores del PRD y ex coordinador de campaña del propio López Obrador.
El presidente legítimo ha reclutado para la campaña de Encinas al propio René Bejarano, quien fue su secretario particular y que nominalmente ha sido expulsado del PRD por haber aceptado dinero del contratista Carlos Ahumada, pero que sigue controlando con su esposa Dolores Padierna a los grupos corporativistas más importantes del Distrito Federal.
De nada le ha servido a Ortega haber sido estrictamente leal a López Obrador durante la campaña del 2006 y las movilizaciones posteriores, entre ellas la toma del Paseo de la Reforma que tanto daño le hizo al PRD. El problema para López Obrador es que Ortega, y el resto del ala moderada del PRD, tienen una visión distinta a la del ex candidato presidencial, y el presidente legítimo no quiere a un presidente del partido que le genere problemas o cuestionamiento. López Obrador quiere tener al frente del PRD a un hombre de toda su confianza, a un político que haga todo lo que él ordene, a un verdadero pelele.
La cargada a favor de Encinas ha sido impresionante. Toda la maquinaria del presidente legítimo se ha desplegado en apoyo a su candidato. Ahora muchos perredistas se quieren lavar las manos de Bejarano, pero es claro que éste nunca ha dejado de desempeñar un papel importante en los operativos políticos del PRD. Lo curioso del caso es que a los miembros del PRD que pertenecen al ala moderada, como al senador Carlos Navarrete, se les están haciendo descuentos en sus ingresos para pagar los gastos de un aparato electoral destinado a derrotarlos en las urnas. Particularmente eficaz en el operativo político a favor de Encinas ha sido el apoyo de La Jornada, la Biblia de los perredistas.
Ortega ha tenido también respaldos importantes, entre ellos el de Lázaro Cárdenas Batel, el ex gobernador de Michoacán, pero estos miembros del PRD no controlan los aparatos corporativistas a los que tiene acceso López Obrador.
Como consecuencia de la cargada, Encinas se ha convertido en el favorito para ganar la elección del próximo 16 de marzo. Una encuesta del periódico Reforma señalaba que el candidato de López Obrador tenía el apoyo del 21 por ciento de la población en general, contra el 12 por ciento de Jesús Ortega; lo que es más importante es que contaba con la preferencia del 33 por ciento de los perredistas contra el 21 por ciento de Ortega. Si bien aún el 30 por ciento de los encuestados perredistas no expresaba su simpatía en esta encuesta, realizada entre el 16 y el 18 de febrero, la ventaja de Encinas era ya muy grande. Tendría que ocurrir una enorme sorpresa para que Ortega pudiera revertirla y alzarse con el triunfo.
Quizá López Obrador, como militante de un partido en pleno goce de sus facultades políticas, tenga todo el derecho a utilizar su considerable poder e influencias para buscar que un incondicional ocupe la presidencia nacional del partido clave en la izquierda nacional. No deja de ser inquietante, sin embargo, que en un momento en que él es solamente el "presidente legítimo", y no el constitucional, López Obrador esté recurriendo ya a todas las viejas prácticas del priismo para asegurar el triunfo de su candidato.
No hay mucha diferencia entre lo que está haciendo López Obrador y lo que hizo el presidente Felipe Calderón para colocar a la cabeza del PAN a un hombre de su confianza, Germán Martínez, o lo que durante tantas décadas hicieron los presidentes surgidos de las filas del PRI. De alguna manera esto nos dice cómo serían las cosas en este país si el presidente legítimo fuera también el presidente constitucional.
¿Y Marcelo?
Lo lógico es que tarde o temprano Marcelo Ebrard, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deslinde de López Obrador. Los dos, después de todo, tienen la ambición de llegar a la Presidencia de la República en el 2012; pero hasta ahora Ebrard ha mostrado una impecable lealtad al presidente legítimo. Es probable que ambos tengan un acuerdo para apoyarse mutuamente en el 2012, con lo cual decidirían -tal vez por encuestas en el 2011- quién sería el candidato a la Presidencia de su grupo. Habrá que ver si el acuerdo se sostiene. Por lo pronto resulta interesante ver que, hasta ahora, ni Ebrard ni ninguno de los miembros de su equipo han intervenido abiertamente en el proceso electoral interno del PRD. El jefe de Gobierno capitalino no ha querido, al parecer, quemar los puentes con los Chuchos, con los moderados, como lo ha hecho López Obrador.
Reforma - Jaque Mate
12 Sep. 07
"La gente nunca debería saber cómo se hacen sus leyes o sus salchichas".
Otto von Bismarck
El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.
No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.
Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.
Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.
La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.
Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.
Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.
Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.
México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.
Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.
12 Sep. 07
"La gente nunca debería saber cómo se hacen sus leyes o sus salchichas".
Otto von Bismarck
El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.
No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.
Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.
Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.
La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.
Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.
Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.
Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.
México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.
Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.
JAQUE MATE
Publicado en REFORMA
"Si no hay reforma electoral, no hay reforma fiscal". Emilio Gamboa
No me extraña que en las encuestas de opinión los políticos, y en especial los diputados y los senadores, reciban las peores calificaciones de todos los personajes públicos e instituciones de nuestro país. A pesar de la pesadísima campaña de publicidad en que la Cámara de Diputados y el Senado buscan lavarse la cara y obtener una mayor aprobación del público, la gente no puede dejar de darse cuenta de su hipocresía.
Esto lo vemos en la posición de los legisladores, especialmente los del PRI, al señalar que no habrá una reforma fiscal mientras no se apruebe la reforma electoral. Para una persona común y corriente, esta posición suena cuando menos extraña. Uno pensaría que un legislador aprobaría una reforma fiscal si es buena para la gente y respaldaría la electoral en caso de que también resultara adecuada. Pero condicionar la aprobación de la primera a la segunda, como lo plantean los priistas, parece absolutamente ilógico. ¿Significa esto que habría que aceptar una reforma mala sólo porque otra, de un tema muy distinto, fue aprobada?
La única razón para atar una reforma a la otra es política; y no en el sentido alto de la política, que es el arte de llegar a acuerdos para beneficio de los ciudadanos, sino en el más bajo, de ver cuánto saco en lo personal o para mi partido de una negociación.
Los diputados y senadores del PRI, que representan el fiel de la balanza en el Congreso, sienten que el gobierno del presidente Felipe Calderón está desesperado por lograr la reforma fiscal. Pero saben también que esta reforma no es un simple capricho, sino una medida necesaria para compensar la caída en los ingresos petroleros del gobierno y para ampliar los programas sociales y la construcción de infraestructura. Los propios gobernadores del PRI les piden a gritos una reforma que les dé más dinero.
Sin embargo, los legisladores del PRI no quieren votar por la reforma del gobierno por sus méritos ni hacer una propuesta propia. Lo que buscan es vender su voto a cambio de otra reforma cuyo elemento fundamental es la destitución de los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Los diputados y senadores parten de la suposición de que pueden engañar a la gente de manera indefinida. Piensan que por gastar dinero de los contribuyentes para pagar campañas de publicidad que digan que "están trabajando para ti" obtendrán una mayor aprobación popular. Lo curioso del caso es que las encuestas señalan que el IFE, ése que ellos están empeñados en destruir porque lo consideran desprestigiado, tiene una aprobación mucho mayor que la de ellos. Si realmente hubiera que desmantelar instituciones por estar desprestigiadas, el Congreso de la Unión sería el primero en parar en un basurero.
Uno podrá estar de acuerdo o no con la reforma fiscal propuesta por el gobierno. Yo en lo personal la encuentro insatisfactoria. Pienso que no nos permitirá tener una economía más competitiva ni un sistema fiscal más sencillo o más equitativo.
Pero los legisladores del PRI están considerando aprobarla en parte porque se dan cuenta de que no hay muchas otras opciones. Después de todo, ellos mismos han cerrado las puertas a aplicar un mismo IVA a todos los productos y servicios y en todos los lugares del país. Han rechazado también eliminar las exenciones, excepciones y tratos preferenciales que han vuelto una pesadilla el cobro de impuestos en México y que son una de las razones fundamentales de que la recaudación sea tan débil.
Si los legisladores del PRI consideran que la reforma fiscal es aceptable, y que por lo tanto merece ser aprobada por méritos propios, no se entiende por qué quieren condicionarla a una reforma electoral que sólo tiene el propósito de cobrar una venganza contra el IFE. Lo que deben decidir es si la reforma es buena o no para los mexicanos. Si es buena, no hay por qué esperar ninguna otra reforma. Si es mala, hay que votar en contra de ella, independientemente de que se estén discutiendo otras iniciativas.
Los legisladores del PRI ni siquiera hacen un esfuerzo ya por pretender que están actuando en representación de los ciudadanos. Al afirmar abiertamente que si no hay reforma electoral no habrá reforma fiscal, se les olvida que su función es defender los intereses de los mexicanos y no los de sus partidos políticos.
No se dan cuenta de que la mayor parte de la población mexicana no comparte su deseo de destituir a los consejeros del IFE por el pecado de haber hecho su trabajo en los comicios del 2006 o por haber cobrado multas a los partidos. No se percatan de que los mexicanos se dan cuenta perfecta de que el poder de los legisladores se debe usar para negociar medidas que beneficien a los ciudadanos y no para promover la agenda de los partidos.
Ugalde
Defender al Instituto Federal Electoral ante los políticos que quieren violar su autonomía es una causa imprescindible para quienes creen en la democracia. El peor enemigo en esta lucha, sin embargo, ha resultado ser el propio consejero presidente. Más que defender a la institución, Ugalde parece estar protegiendo su chamba. Y qué lamentable, porque en este momento histórico hubiera sido maravilloso que el IFE pudiera haber tenido a un presidente más digno.
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