24 Abr. 08
"Tengo que seguirlos: soy su líder".
Alexandre Rollin
Hoy, gracias a Andrés Manuel López Obrador, podemos llamar a estas personas "adelitos", aunque en esencia siguen haciendo lo mismo. Se trata de empleados o trabajadores que no tienen que cumplir con los trabajos para los que se les paga un sueldo sino que utilizan su tiempo para labores políticas.
¿Nunca se ha preguntado usted cómo hace un maestro o un campesino o un taxista pirata o una ex "gacela" (escolta femenina) del gobierno del Distrito Federal para pasar días, semanas o meses enteros en plantones y movilizaciones? Es tan poco lo que gana un maestro común y corriente, sobre todo si realmente tiene que dedicar su tiempo a dar clases, que es difícil saber cómo puede dejar de asistir a sus obligaciones durante semanas para quedarse a vivir, por ejemplo, en el campamento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, mantiene desde hace meses fuera de las instalaciones del ISSSTE en la Plaza de la República.
Afortunadamente, los mexicanos no tenemos por qué preocuparnos por los ingresos de estos adelitos. Todos ellos reciben puntualmente ingresos iguales o incluso mayores a los que obtendrían en sus rutinarios trabajos burocráticos. ¿Quién aporta ese dinero? Nosotros los contribuyentes, por supuesto. ¿Quién más?
Los adelitos y las adelitas -para hablar en el lenguaje políticamente correcto que nos heredó Vicente Fox- no tienen el problema del resto de los mexicanos de tener que presentarse a trabajar para percibir sus salarios. Nuestro sistema político, experto en simulaciones, ha encontrado formas para darle a cada uno un dinero seguro a pesar de no estar cumpliendo con las funciones para las que fue contratado.
A algunos de los adelitos les paga el partido político al que pertenecen. Si bien al IFE se le reportan funciones administrativas para estas personas, el verdadero trabajo que llevan a cabo es el de organizar manifestaciones, plantones y actos diversos de presión durante el tiempo que sea necesario. No hay que preguntarse de dónde sacan los partidos el dinero para este propósito. Tan sólo en este 2008, un año en el que no hay elecciones federales, los tres partidos del Frente Amplio Progresista recibirán más de 900 millones de pesos de dinero de los contribuyentes. Y como ya no tienen que pagar por los anuncios de radio y televisión, tienen una verdadera fortuna en sus manos que no saben en qué gastar.
Otros adelitos son subsidiados por las instituciones a las que deben prestar sus servicios. Algunos maestros y profesores de escuelas y universidades públicas, por ejemplo, pueden darse el lujo de pasarse meses enteros en plantones y trabajos políticos pese a lo cual siguen recibiendo sus sueldos de estas instituciones. Algunos de ellos son comisionados para la realización del trabajo político, pero otros simplemente aprovechan la facilidad con la que pueden cobrar en nuestras instituciones públicas sin hacer nada... o por lo menos nada para la institución.
Muchos de los adelitos son empleados o trabajadores del gobierno. Se les contrata ostensiblemente para cumplir con una obligación determinada en la administración pública, pero su trabajo real es participar en movilizaciones políticas.
En los casos de algunas asociaciones populares, como las de los taxistas, la organización utiliza sus propios recursos para subsidiar a sus adelitos. Pero claro, estos grupos obtienen sus ingresos de los tratos especiales que obtienen de la autoridad, por lo que enviar carne de cañón a las movilizaciones es un costo relativamente pequeño en el negocio privilegiado al que tienen acceso. Los sindicatos, por supuesto, siempre tienen grandes números de comisionados listos a hacer todo menos a trabajar para las empresas que los han contratado.
A final de cuentas, sin embargo, los que pagamos los sueldos de todos los adelitos -desde los secretarios del "gobierno legítimo" hasta el correveydile más humilde- somos nosotros los contribuyentes. Y es que si realmente los adelitos tuvieran que trabajar para ganarse la vida, como la enorme mayoría de los mexicanos, el número que participa en plantones y manifestaciones prolongados se reduciría de manera dramática.
Archivos de poder: Martín Moreno
Ni es una broma macabra ni mucho menos una frase cualquiera. “Parece que quieren pasar al secuestro del Presidente el día 1 de septiembre”, alertó ayer nada menos que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones, refiriéndose a una supuesta intención encubierta del Frente Amplio Progresista (FAP) contra Felipe Calderón.
La advertencia no es un asunto menor. Es algo grave. Muy grave.
Sobre todo si consideramos que, al menos en una ocasión y durante la crisis legislativa por el secuestro de las tribunas, el presidente Calderón le ha llamado a Beltrones para pedirle que le ayude a destrabar el conflicto que tiene atorada la iniciativa sobre reforma energética.
Calderón se encuentra muy preocupado por lo que está ocurriendo y, sobre todo, debido a los riesgos de estallido social que podrían presentarse a futuro.
El SOS enviado por Calderón a Beltrones confirma una situación muy incómoda para el Presidente: que carece de operadores políticos en el Congreso, tanto en Xicoténcatl como en San Lázaro. Conforme transcurren las horas, no son pocos los que ven cierto “sospechosismo” (frase creelista) en la apatía, ineficacia y doble lenguaje del coordinador panista senatorial —precisamente Creel—, quien nada, absolutamente nada, hizo por evitar la toma de la tribuna el pasado 9 de abril.
¿Dónde estaba Creel durante el secuestro de la tribuna en el Senado? En su oficina, escondido. Aunque lo niega, no hay ninguna fotografía o testimonio que demuestren que haya intentado, al menos, impedir la acción del FAP.
¿Por qué Creel no ocupó su lugar como presidente del Senado, aferrándose a la curul más importante del Salón de Sesiones y, como lo hicieron los senadores perredistas, decir: No me muevo de aquí y háganle como quieran? Los malpensados dicen: para contribuir a la descomposición política que pondría de cabeza al gobierno calderonista.
Aún más: la propuesta de un debate petrolero durante 50 días fue ideada y planteada por Beltrones, y no por Creel, como se empeñan en filtrar los voceros del senador panista.
Por eso resulta inexplicable que tanto Creel como el diputado Héctor Larios no fueran removidos justo cuando un cercano a Calderón, Germán Martínez, asumió la presidencia del PAN, ya que tiene la facultad de nombrar, de manera directa, a los coordinadores parlamentarios.
Resulta increíble que Calderón haya mantenido a ambos, Creel y Larios, como jefes camerales. Y ahí están las consecuencias: un gobierno huérfano de operadores propios, eficaces, confiables, que le respondan directamente a Calderón. ¿Qué espera el Presidente para deshacerse de Creel y de Larios? ¿A que le estalle socialmente el conflicto petrolero?
La advertencia de Beltrones no debe tomarse a la ligera. Sus palabras son directas:
“La verdad es que hay que decirlo con todas sus palabras: los 120 días propuestos por el FAP han despertado enormes suspicacias entre el partido en el gobierno, el gobierno mismo y algunos críticos, porque el plazo termina casualmente el 31 de agosto y el primero de septiembre hay Informe presidencial.
“Del secuestro de la Cámara, dicen ellos, yo solamente los he escuchado, parece que quieren pasar al secuestro del Presidente el día 1 de septiembre, y eso no es sano”.
Es innegable que Beltrones sabe un rato de política, mucho más que los endebles operadores calderonistas que, desde el gobierno, han evidenciado su falta de oficio político. No resulta extraño, entonces, que el Presidente de la República le haya llamado, al menos en una ocasión, para que lo ayude a destrabar el grave conflicto que se ha presentado en el Congreso.
Y, también por eso, sabedor del oficio del sonorense, ayer mismo el senador perredista Ricardo Monreal desconoció al PRI como interlocutor y pidió negociar exclusivamente con el gobierno federal.
“No reconocemos al PRI como interlocutor ni, mucho menos, como intermediario de la negociación. El PRI es la tercera fuerza electoral y así debe manejarse, ese es su lugar en el Congreso de la Unión”, aseguró Monreal.
Y más: Monreal le pidió al gobierno calderonista tener “flexibilidad” para llegar a un acuerdo.
Es kafkiano: los legisladores del FAP pidiendo “flexibilidad” cuando ellos, ordenados por AMLO, han mostrado precisamente lo contrario: inflexibilidad, intolerancia y antidemocracia, con respecto a como se debe discutir la reforma energética.
Por un lado piden diálogo. Por el otro, dan el garrotazo.
Debido a ello, no se antoja descabellado que el FAP pretenda llegar, como dice Beltrones, hasta el primer día de septiembre, para “secuestrar al Presidente”.
Es cierto: el profundo rencor, y hasta odio, que AMLO le tiene a Calderón por la derrota de 2006, puede llevar al país a una situación peligrosa en extremo.
Archivo confidencial… Mientras el DF es una ciudad insegura, con los secuestros al alza, un transporte anárquico y de cafres que semana a semana arrollan y matan a peatones, con las marchas rompiéndole el espinazo a la urbe, el diputado local Jorge Carlos Díaz Cuervo —el mismo que hizo pública su adicción a la mariguana—, acompañado de un desecho del PRI, Miguel González Avelar, y de una señora de nombre Teresa Vale, impulsa ridículos amparos contra la ley antifumadores. Cuervo debería saber que, de 100 mil personas que fallecen por tabaquismo, alrededor de ocho mil son fumadores pasivos. Vaya ignorancia e irresponsabilidad.
Sabado 5 de Abril de 2008
Publicado en LA CRONICA de hoy
¿Cómo hablar de cerco informativo, cuando ha recorrido el cuadrante radiofónico y el dial de TV con participaciones mínimas de media hora?
Este señor, de apellido López, conocido de muchas formas y que hoy aquí denominaremos Pejeroloco, como ya lo han llamado en otros lugares, es un autodestructivo extremo. Cuando pronunció su frase descriptiva de “¡al diablo las instituciones!”, incluyó al partido político al que pertenece, al que hoy vemos zozobrando, víctima de sus propias estrategias anarquistas al extremo.
El ciudadano López dice a quien lo quiere oír y repercutir qué es lo que le gusta y lo que no, a manera de soberano de pacotilla, como el rey de un pequeño planeta en El Principito.
El verdadero innombrable se siente cómodo con entrevistadores que le son afines o que le permiten explayarse sin objeción alguna.
Pero con los que son sus críticos, se le nota la incomodidad. Es más, con algunos ni se ha molestado en acudir, a pesar de que se le ha invitado reiteradamente.
Esta semana no pudo ocultar su sorpresa y se mostró tal cual es, desencajado, en la entrevista televisiva que le realizó Carlos Loret de Mola, misma que ha sido reproducida y comentada en diversos medios. Ante millones de televidentes el Pejeroloco comenzó a picotearse a sí mismo.
Hasta que se autodestruya, no se vale que en México permitamos ser rehenes de este falso mesías, que con la bandera de la resistencia civil pacífica amenaza con brotes violentos secesionistas en caso de que se presente alguna propuesta de reforma energética.
DESABASTO. Aunque el Pejeroloco haga berrinche, si las condiciones no cambian en la política energética actual, México está condenado a padecer en el corto plazo un desabasto de hidrocarburos que afectaría gravemente la estabilidad del país. Algunos ejemplos que demuestran lo anterior son: que México tuvo que importar el año pasado el 40% del consumo interno de las gasolinas, erogando 10 mil 660 millones de dólares y que Pemex pasó de ocupar la sexta posición entre las principales empresas petroleras del mundo en 2004, a ubicarse el año pasado en el undécimo lugar.
Asimismo, Pemex redujo durante al año pasado el 5.3% de su producción diaria de barriles, al igual que redujo en 180 mil barriles diarios sus niveles de exportación. Por si fuera poco Cantarell, el principal yacimiento petrolero, está llegando a su periodo de declinación, con reservas calculadas para menos de 10 años.
La solución radica en terminar con los vicios que tanto daño le hacen a Pemex y enfocarnos a la solución de problemas que afectan a la paraestatal, tales como la falta de recursos financieros, de mecanismos de transparencia, de un gobierno corporativo eficiente, de una autonomía de gestión, de sistemas de control eficaces. Dichos problemas, han derivado también en consecuencias como falta de tecnología moderna, baja eficiencia operativa, nula competitividad respecto de empresas extranjeras, rentabilidad reducida, inseguridad en las operaciones, falta de capacidad de gestión y efectos negativos en el medio ambiente.
Una de las personas que más ha trabajado en este asunto es el senador Juan Bueno Torio, de la Comisión de Energía, quien lleva a cabo los trabajos sobre la reforma energética.
FUTURO. La industria azucarera mexicana requiere certidumbre y apoyo del gobierno para invertir en la producción de etanol, manifestó el empresario azucarero Juan Cortina Gallardo en el marco de la Cuarta Conferencia y Exposición Anual de Biocombustibles de las Américas.
El integrante de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, señaló que la industria azucarera mexicana está en posibilidad de invertir por lo menos 500 millones de dólares en plantas de etanol, aprovechar los excedentes de azúcar de 1.2 millones de toneladas anuales y extender la producción de caña, uno de los cultivos más rentables. Comentó que pronto el gobierno dará a conocer el Plan Nacional de Desarrollo en la materia y confió que con reglas claras y firmes se dé certidumbre a productores e inversionistas para sacar adelante a esta industria, una de las más importantes del país.
IMPARABLE. Empresarios y familias que consumen gas natural padecen el incremento constante en el precio de este energético, lo cual genera un malestar generalizado. Cuando les ofrecieron el cambio del combustible, de gas LP a gas natural, les ofrecieron mantener un bajo costo del energético. Sin embargo, lo que no les dijeron las empresas distribuidoras de gas natural como Tractebel es que el precio tendería a incrementarse en forma constante.
Los consumidores de este combustible en Jalisco señalan que Tractebel les cobra el servicio aunque no consuman gas en el mes y, además, les cobra conceptos tales como instalación, distribución por comercialización, capacidad y uso por Gcal, reconexión, desconexión y conexión no estándar del servicio. Es decir, las familias y empresarios que firman un contrato de servicio con Tractebel reciben una serie de cobros adicionales al gas natural que consumen.
Otro elemento que critican los empresarios es que desde que Tractebel entró a Guadalajara no se ha presentado renovación alguna de los ductos y eso que las instalaciones tienen cerca de 40 años, por lo que no descartan un accidente en un futuro próximo.
CONTROL. La Comisión Federal de Competencia (CFC), a cargo de Eduardo Pérez Motta, hizo pública la resolución sobre la declaratoria DC-01-2007, la cual indica en qué regiones del país el precio del gas LP estaría controlado o liberado según el análisis que la misma dependencia realizó previa solicitud de la Secretaría de Energía.
Con tal resolución ya no sería la Secretaría de Economía de Eduardo Sojo, quien fije los precios máximos al público a partir de las condiciones de competencia efectiva en los mercados correspondientes de gas LP en el país, sino la misma Sener, que encabeza Georgina Kessel.
La CFC determinó que de 145 regiones en donde se vende el energético; en 15 de ellas hay condiciones de competencia efectiva de venta del combustible a consumidores finales. Dichas regiones se encuentran en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Esto ha provocado que las distribuidoras de gas LP ajusten sus precios de negocio buscando no afectar al consumidor final en cuestión de venta y servicio, algo que no se ha logrado, ya que al final quien termina subsidiando los insumos de las empresas gaseleperas son las amas de casa.
Por otra parte, quizá la más grave, es que al existir zonas con “precio libre” colindantes con regiones cuyo precio esté controlado, ocasionaría una diferenciación en el mismo, lo que provocaría un mercado negro por parte de las distribuidoras en la venta del combustible.
De tal modo que empresas cuyas plantas de distribución se encuentren fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México, buscarían entrar a esta zona con el precio liberado, que por el rezago en materia de regulación sería más caro ocasionando arbitrariedades. La solución para evitar estos problemas está en manos de la Sener, pues la dependencia puede actualizar los márgenes de comercialización con la finalidad de que las mismas empresas distribuidoras tengan libertad de ajustar sus precios de negocio y así acercarse a un óptimo escenario de mercado libre y competitivo.
