Reforma - 22 de Septiembre de 2007
1. ¿Qué habría pasado si Felipe Calderón hubiera competido el año pasado bajo las normas de la nueva reforma electoral?
Jamás habría alcanzado a López Obrador. La ventaja que tenía al inicio de la campaña el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México era abrumadora. Después de cinco años de conferencias matutinas, y de fijar la agenda del día, AMLO era el más conocido de todos los candidatos. La inequidad de la contienda estaba en el punto de arranque. Calderón era un personaje desconocido y con escasa exposición en los medios. La excesiva regulación de la publicidad y la prohibición de las campañas negativas le habrían impedido remontar esa desventaja. En el barullo de las propuestas "positivas y correctas" el mensaje de Calderón jamás habría impactado a los ciudadanos. La percepción de la gente cambió por la fuerza y la intensidad de la campaña que emprendió el candidato de Acción Nacional.
Corolario: la regulación excesiva para asegurar la "equidad" opera en sentido contrario porque en el punto de arranque los candidatos no están, por definición, en condiciones de igualdad.
2. ¿Por qué se restringe el derecho de organizaciones civiles, profesionales y gremiales a expresar su punto de vista, mediante publicidad pagada, durante las campañas electorales?
Partamos de un reconocimiento inicial y fundamental: este tipo de organizaciones son expresiones de la sociedad. Un colegio de ingenieros, una organización como Provida, un sindicato o una asociación de empresarios tienen intereses, principios y valores legítimos que defender. No hay ninguna razón para limitar su derecho de expresión y manifestación. El debate público se enriquece y vive de ésa y en esa diversidad. Un sindicato tiene todo el derecho de censurar a un candidato que proponga abolir el derecho de huelga. Y en la misma circunstancia se encuentra una agrupación que esté en contra del aborto si otro candidato predica la legalización del mismo. Para no mencionar el derecho de los empresarios de abogar por la libre empresa o el de los ecologistas de defender el medio ambiente. De ahí que la prohibición de que estas organizaciones participen activamente en el debate constituya un atentado contra la libertad de expresión.
3. ¿Qué consecuencias tiene elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas?
Constituye, de entrada, otro atentado contra la libertad de expresión. El párrafo en cuestión prohíbe que los partidos difundan mensajes que denigren a las instituciones, partidos y otros candidatos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: denigrar es "deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien". Adviértase que según esta definición no importa que lo que se diga sea verdadero o falso. Porque se puede ofender o deslustrar la opinión o la fama de alguien difundiendo estrictamente la verdad. Si un partido elabora un mensaje señalando que la propuesta de un candidato de bajar los impuestos y aumentar la recaudación es demagogia pura, caería inmediatamente bajo esta tipificación. Es más, en sentido estricto no hay forma de establecer un verdadero debate sin deslustrar la opinión del adversario. Sobra decir que la prohibición incluye cualquier referencia al pasado, la personalidad o los excesos del contendiente. Porque cualquier mención de su incompetencia o de eventuales delitos que hubiera cometido (como tomar a la brava las calles o incluso haber sido procesado por robo) constituye una ofensa o deslustra su fama. No habrá, en consecuencia, debate ni campañas efectivas. Lo que tendremos será gazmoñería pura, como si los políticos fuesen almas puras, prístinas y cándidas.
4. ¿Por qué no se introdujo la reelección de los diputados y senadores?
Obviamente, porque el PRI, el PRD y el PAN no se pusieron de acuerdo. Porque el resto de los partidos, al menos Convergencia y el Partido Verde, mantienen una postura favorable. La razón de fondo de los tres grandes está en el control y el poder de las cúpulas partidarias. Me explico. La reelección tiene dos ventajas probadas: primero, permite que los ciudadanos tengan posibilidad de sancionar efectivamente a sus representantes. A vuelta de cada legislatura, el diputado o senador se confronta con sus electores y se somete a su mandato: si actuó bien es reelecto, si no, no. Su carrera y su futuro dependen entonces de sí mismo y de su actuación. Bajo el sistema de no reelección el legislador sigue adelante independientemente de su desempeño, pero además es la cúpula partidaria la que decide postularlo o no a otro cargo de elección popular. Debe, por lo tanto, quedar bien con los de arriba, no con los de abajo. Segundo, profesionaliza el trabajo de los legisladores e incrementa su responsabilidad. En suma, la reelección los vuelve más autónomos respecto de las cúpulas burocráticas. Ahí está, como decía Cantinflas, el detalle.
5. ¿Por qué pretendieron elevar a rango constitucional la prohibición de las candidaturas independientes?
Para monopolizar, de una vez por todas, la representación de los ciudadanos. La limitación del derecho a ser votado fortalece a las cúpulas partidarias y atenta contra la sociedad. Es un ejemplo muy claro del sentido último de esta reforma. Los políticos hablan de involucrar a los ciudadanos en la política, pero en realidad desalientan y coartan esa posibilidad. Su doble lenguaje y su moralina desteñida son grotescos.
6. ¿Estamos ante el fin de la trivialización de las campañas o, como sentenció La Jornada, la reforma enterró la dictadura de los spots?
Falso. La nueva legislación no contempla la desaparición de los spots. El tiempo que le será concedido a cada partido se traducirá en spots de uno, dos o tres minutos. La única diferencia es que no tendrán un costo para ellos. La combinación de tiempo libre con la gazmoñería que instituye la reforma será terrible. Algo así como pequeñas horas nacionales de 6 de la mañana a 12 de la noche.
7. ¿Hacia dónde apunta la nueva ley de medios?
Los senadores están hablando de una tercera o cuarta cadena. El problema estaría en que decidan comportarse como el buen samaritano y se propongan controlar los contenidos. Esto es, crear un comité de salud que censure los programas con el loable propósito de "mejorar" el nivel moral y la calidad de los mismos. Los antecedentes, consignados arriba, apuntan en ese sentido. De ser el caso, sería otro atentado, aun más grave, contra la libertad de expresión. Pero ¡aguas! Los senadores ya probaron las mieles de su poder y andan encarrerados.
Jamás habría alcanzado a López Obrador. La ventaja que tenía al inicio de la campaña el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México era abrumadora. Después de cinco años de conferencias matutinas, y de fijar la agenda del día, AMLO era el más conocido de todos los candidatos. La inequidad de la contienda estaba en el punto de arranque. Calderón era un personaje desconocido y con escasa exposición en los medios. La excesiva regulación de la publicidad y la prohibición de las campañas negativas le habrían impedido remontar esa desventaja. En el barullo de las propuestas "positivas y correctas" el mensaje de Calderón jamás habría impactado a los ciudadanos. La percepción de la gente cambió por la fuerza y la intensidad de la campaña que emprendió el candidato de Acción Nacional.
Corolario: la regulación excesiva para asegurar la "equidad" opera en sentido contrario porque en el punto de arranque los candidatos no están, por definición, en condiciones de igualdad.
2. ¿Por qué se restringe el derecho de organizaciones civiles, profesionales y gremiales a expresar su punto de vista, mediante publicidad pagada, durante las campañas electorales?
Partamos de un reconocimiento inicial y fundamental: este tipo de organizaciones son expresiones de la sociedad. Un colegio de ingenieros, una organización como Provida, un sindicato o una asociación de empresarios tienen intereses, principios y valores legítimos que defender. No hay ninguna razón para limitar su derecho de expresión y manifestación. El debate público se enriquece y vive de ésa y en esa diversidad. Un sindicato tiene todo el derecho de censurar a un candidato que proponga abolir el derecho de huelga. Y en la misma circunstancia se encuentra una agrupación que esté en contra del aborto si otro candidato predica la legalización del mismo. Para no mencionar el derecho de los empresarios de abogar por la libre empresa o el de los ecologistas de defender el medio ambiente. De ahí que la prohibición de que estas organizaciones participen activamente en el debate constituya un atentado contra la libertad de expresión.
3. ¿Qué consecuencias tiene elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas?
Constituye, de entrada, otro atentado contra la libertad de expresión. El párrafo en cuestión prohíbe que los partidos difundan mensajes que denigren a las instituciones, partidos y otros candidatos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: denigrar es "deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien". Adviértase que según esta definición no importa que lo que se diga sea verdadero o falso. Porque se puede ofender o deslustrar la opinión o la fama de alguien difundiendo estrictamente la verdad. Si un partido elabora un mensaje señalando que la propuesta de un candidato de bajar los impuestos y aumentar la recaudación es demagogia pura, caería inmediatamente bajo esta tipificación. Es más, en sentido estricto no hay forma de establecer un verdadero debate sin deslustrar la opinión del adversario. Sobra decir que la prohibición incluye cualquier referencia al pasado, la personalidad o los excesos del contendiente. Porque cualquier mención de su incompetencia o de eventuales delitos que hubiera cometido (como tomar a la brava las calles o incluso haber sido procesado por robo) constituye una ofensa o deslustra su fama. No habrá, en consecuencia, debate ni campañas efectivas. Lo que tendremos será gazmoñería pura, como si los políticos fuesen almas puras, prístinas y cándidas.
4. ¿Por qué no se introdujo la reelección de los diputados y senadores?
Obviamente, porque el PRI, el PRD y el PAN no se pusieron de acuerdo. Porque el resto de los partidos, al menos Convergencia y el Partido Verde, mantienen una postura favorable. La razón de fondo de los tres grandes está en el control y el poder de las cúpulas partidarias. Me explico. La reelección tiene dos ventajas probadas: primero, permite que los ciudadanos tengan posibilidad de sancionar efectivamente a sus representantes. A vuelta de cada legislatura, el diputado o senador se confronta con sus electores y se somete a su mandato: si actuó bien es reelecto, si no, no. Su carrera y su futuro dependen entonces de sí mismo y de su actuación. Bajo el sistema de no reelección el legislador sigue adelante independientemente de su desempeño, pero además es la cúpula partidaria la que decide postularlo o no a otro cargo de elección popular. Debe, por lo tanto, quedar bien con los de arriba, no con los de abajo. Segundo, profesionaliza el trabajo de los legisladores e incrementa su responsabilidad. En suma, la reelección los vuelve más autónomos respecto de las cúpulas burocráticas. Ahí está, como decía Cantinflas, el detalle.
5. ¿Por qué pretendieron elevar a rango constitucional la prohibición de las candidaturas independientes?
Para monopolizar, de una vez por todas, la representación de los ciudadanos. La limitación del derecho a ser votado fortalece a las cúpulas partidarias y atenta contra la sociedad. Es un ejemplo muy claro del sentido último de esta reforma. Los políticos hablan de involucrar a los ciudadanos en la política, pero en realidad desalientan y coartan esa posibilidad. Su doble lenguaje y su moralina desteñida son grotescos.
6. ¿Estamos ante el fin de la trivialización de las campañas o, como sentenció La Jornada, la reforma enterró la dictadura de los spots?
Falso. La nueva legislación no contempla la desaparición de los spots. El tiempo que le será concedido a cada partido se traducirá en spots de uno, dos o tres minutos. La única diferencia es que no tendrán un costo para ellos. La combinación de tiempo libre con la gazmoñería que instituye la reforma será terrible. Algo así como pequeñas horas nacionales de 6 de la mañana a 12 de la noche.
7. ¿Hacia dónde apunta la nueva ley de medios?
Los senadores están hablando de una tercera o cuarta cadena. El problema estaría en que decidan comportarse como el buen samaritano y se propongan controlar los contenidos. Esto es, crear un comité de salud que censure los programas con el loable propósito de "mejorar" el nivel moral y la calidad de los mismos. Los antecedentes, consignados arriba, apuntan en ese sentido. De ser el caso, sería otro atentado, aun más grave, contra la libertad de expresión. Pero ¡aguas! Los senadores ya probaron las mieles de su poder y andan encarrerados.
La manera de medir el nivel de significación de un hecho, es la eventual llegada de la pregunta en una charla cualquiera sobre el tema "¿y dónde estabas tú cuando pasó?": El hombre en la luna, el terremoto del 85, la invasión que dió inicio a la guerra del Golfo Pérsico, el asesinato de Colosio, el atentado contra las Torres Gemelas (por cierto) o las bombas en los trenes del 11 de marzo.
Ayer 11 de Septiembre, mientras en diversos medios y seguramente el mundo entero se preguntaba dónde había estado en esta misma fecha pero de 2001, los mexicanos despertábamos con la noticia que a mi en lo personal me hará recordar esta fecha de manera diferente: el día en que el Congreso, por la vía legal, le robó la libertad a México en nombre de la democracia.
El alboroto venía de tiempo atrás con el runrun de que se cocinaba una reforma que exigía la destitución de Juan Carlos Ugalde y de todos los consejeros del IFE con el argument hueco de sus participación activa en un fraude electoral que, dicho sea de paso, nunca fue demostrado ni de cerca.
Cualquiera que oyera esta propuesta de reforma, se imaginaba una suerte de venganza directa de los partidos perdedores contra el IFE por no cumplir con sus absurdas demandas en el 2006; la teoría de la revancha la confirmaban también las opiniones de los que sí aprovaban esta medida "que bueno, para que se les quite", quizás decían, ¿no es esto revanchismo? ¿no es esto un escarmiento para que sepan con quién no deben de meterse?
Pues yo creia que esto ya era grave, pero lo peor estaba por saberse.
Escuchaba el programa radial de Sergio Sarmiento por la mañana, mientras que él entrevistaba al Senador del PAN, Santiago Creel para que nos explicara el por qué, siendo que desde que comenzaron los rumores de la reforma se negaron a apoyarla, ahora votarían en favor de dicho documento. En segundo lugar, que nos diera buenas razones para que nosotros como ciudadanos aprobáramos las modifiaciones, muchas de ellas absurdas, que se pretendían hacer a la constitución con la única razón aparente de construir una partidocracia, donde ni el IFE, ni los partidos chicos, ya ni siquiera el pueblo, tengamos derecho a participar en la contienda electoral sin presiones de los partidos fuertes.
Algunos de los puntos que se propusieron son absurdos, ilegales antes los derechos básicos civiles de cualquier república que se respete, inmoral ante los ojos de la democracia, ofensivos sobre la memoria de quienes han muerto por construir la democracia en México. Lo irónico, que muchos perredistas murieron en esta lucha y son ahora los sobrevivientes de dicho partido quienes promueven esta reforma sólo para sus revanchas y su propio "beneficio".
El que ningún particular pueda pagar de su bolsa un desplegado para apoyar o denunciar un candidato, ¿no es absurdo?. Que para poder ser votado tengo que tener la venia de un partido político ¿no es inmoral, abusivo y agresor de mis derechos civiles?. Además, la destitución de consejeros, la prohibición a los ciudadanos de pagar propaganda, el impedimento de la crítica a los contendientes, el condicionamiento de las candidaturas a puestos de elección popular, etc. ¿no son revanchas personales de AMLO y el PRD?
Tomar minutos valiosos (hablo de dinero) de los medios electrónicos para sus aburridos programas... si señor Creel, ABURRIDOS, aunque se ofenda... esto puede ser que sea un poquitín menos de lo que nos quieren hacer ver los señores de la CIRT; sin embargo si creo que es un agandalle cínico y prepotente, nada más, de los "señores" legisladores. El poder envenena, AGUAS.
Ellos dicen que esto es para darle oportunidad a los chiquitos (partidos) para estar en a contienda; que no sean hipócritas, porque si de verdad les interesara la equidad, hubieran considerado la repartición de ese tiempo agandallado en beneficio o POR LO MENOS, en condición de igualdad para con los partidos más jóvenes.
Obvio, que estos partidos con estas tres medidas, mordaza, eliminación de partidos jóvenes y candidaturas ciudadanas y publicidad (dicho sea de paso, gratis), esperan que la gente los volteé a ver, les suba el rating y, en una de esas y con mucha suerte, hasta se limpie su imagen y la gente vuelva a creer en ellos (ja). Lo que va a pasar nada más es que para gente como yo, que no voto por partidos enquistados, simplemente si no existiera Alternativa (o los otros partidos jóvenes) no iríamos a votar, o iríamos a invalidar la boleta o simplemente a robárnosla.
Señores legisladores, así no se gana esta guerra. Trabajen, ¿lo han intentando? así seguro la gente vuelve a verlos con mejores ojos.
Reforma - Jaque Mate
12 Sep. 07
"La gente nunca debería saber cómo se hacen sus leyes o sus salchichas".
Otto von Bismarck
El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.
No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.
Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.
Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.
La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.
Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.
Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.
Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.
México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.
Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.
12 Sep. 07
"La gente nunca debería saber cómo se hacen sus leyes o sus salchichas".
Otto von Bismarck
El senador del PRD Ricardo Monreal anunció el lunes su decisión de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la suspensión por ocho meses de sus derechos como miembro del partido. Él había señalado que no impugnaría la decisión, pero esto fue cuando se dijo que la suspensión sería de seis meses. La diferencia es que al alargarse el castigo se afecta su posibilidad de contender por la presidencia nacional del PRD el año que viene.
No deja de ser paradójico que el senador Monreal -quien ha cuestionado la honestidad de los magistrados del tribunal electoral porque éstos decidieron de manera unánime que la elección de Felipe Calderón era legal y lo declararon Presidente constitucional de México- recurra hoy precisamente a ellos cuando siente amenazados sus derechos y ambiciones políticas por una decisión interna de su partido. Pero así son los políticos. Sólo rechazan las reglas y las instituciones cuando les son adversas. Si Monreal tiene éxito en su recurso ante el TEPJF, buscará la presidencia nacional del PRD, y eso es más importante que cualquier agravio que tenga contra los magistrados.
Otra paradoja del caso es que, si tiene éxito la reforma electoral que entre otros grupos impulsa el PRD de Monreal, los miembros de los partidos no podrán ya seguir acudiendo al tribunal cuando los dirigentes violen sus derechos. Efectivamente la reforma, cuyo objetivo principal es fortalecer el poder de los dirigentes de los partidos, eliminará la posibilidad de que los integrantes de estas agrupaciones puedan acudir al IFE o al TEPJF en caso de abusos de sus líderes.
Los líderes buscan eliminar la posibilidad de este recurso legal porque afirman que el IFE y el tribunal se han inmiscuido en los asuntos internos de los partidos. La verdad, sin embargo, es que las autoridades electorales han dejado que los partidos establezcan sus propios estatutos, siempre y cuando éstos se ajusten a la ley. La mayor parte de los casos en que el tribunal ha intervenido en decisiones internas de los partidos son aquellos en que éstos han violado sus propios estatutos o los derechos constitucionales de algún individuo. Con la reforma, ni siquiera en estos casos se permitiría la intervención del tribunal. En otras palabras, ni Monreal ni ningún otro militante de ningún partido tendría recurso legal frente a una decisión de sus dirigentes.
La lógica más elemental nos dice que las cosas no deben ser así. Los partidos no pueden ni deben ser una isla dentro de la legislación de nuestro país. Pero con la reforma electoral lo que buscan los partidos es, precisamente, convertirse en los únicos protagonistas de la vida política de México.
Por eso la iniciativa de reforma electoral sube a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas independientes que se ha usado en el pasado para impedir la aspiración de ciudadanos, como Jorge Castañeda y Víctor González Torres, a cargos de elección popular. Por eso prohíbe a los ciudadanos comprar publicidad para expresar sus puntos de vista políticos o su respaldo o rechazo a algún candidato. Por eso le da al Congreso la facultad de nombrar al contralor del nuevo IFE, que así podrá ejercer presión sobre el instituto. Por eso destituye a los actuales consejeros del IFE, que han osado enfrentarse a los partidos políticos.
Los políticos que están impulsando esta iniciativa olvidan, sin embargo, que antes de ser dirigentes de partidos son ciudadanos. Con la nueva legislación, por lo tanto, se están restringiendo a sí mismos sus derechos políticos.
Esto lo debería entender el senador Monreal, que con la nueva legislación no tendría recurso ante la suspensión de actividades que le ha decretado el PRD con el propósito de excluirlo de la lucha por la presidencia nacional de su partido. Esto lo deberían entender todos los políticos, que en un momento han tenido alguna discrepancia con las cúpulas de su partido y que pudieran en un momento buscar una candidatura independiente.
México necesita una reforma electoral adicional, pero no la que se está cocinando en el Senado. No necesitamos dar mayores poderes a los partidos, que son las instituciones más desprestigiadas de nuestra vida pública. Necesitamos una reforma que, por el contrario, abra la política a la participación de la sociedad, con candidaturas independientes, con la reelección de legisladores y presidentes municipales, con una mayor intervención de los ciudadanos en la vida pública.
Si el propósito de la reforma electoral es simplemente dar más poder y dinero a los partidos, mejor quedémonos con la legislación que ya tenemos.
La seguridad de las personas y de su patrimonio, la observancia de las leyes y el orden público debe ser el piso común de la convivencia social. Pero eso que se enuncia fácilmente es una construcción compleja que hoy tiene que hacer frente a la expansión y fortalecimiento del crimen organizado y a su secuela de muerte y terror, y a un marcado deterioro de las instituciones encargadas de su tutela y protección. La seguridad entonces es un "deber ser" que reclama y requiere operaciones políticas que se hagan cargo de la dificultad del tema. La seguridad es más una aspiración que una realidad. Pensando en ello un grupo de personas llamamos a realizar un encuentro titulado "Seguridad en democracia" con la finalidad de escuchar los diagnósticos de muy diferentes especialistas (ministros de la Corte, académicos, gobernadores, senadores, empresarios de los medios, periodistas, expertos internacionales), reflexionar sobre ese fenómeno y generar una plataforma de discusión que eventualmente ayude a construir una auténtica política de Estado.
Quienes convocamos a ese evento creemos que el tema de la "seguridad en democracia" puede ser una arena de confluencia, un basamento común, una zona de acuerdos que permita generar una política que pueda unir a las principales fuerzas políticas y sociales de la nación. Es por ello que hablamos de una política de Estado (no de gobierno). Porque si bien asumimos que en la política por definición coexisten diagnósticos y propuestas divergentes y que ello es connatural al quehacer democrático, pensamos que pueden existir (se pueden construir) zonas de acuerdo que merecen ser asumidas por el conjunto de las expresiones políticas y sociales, y que una de ellas es precisamente la de la "seguridad en democracia". Espacio común que posibilita la reproducción de la diversidad de intereses, ideologías, propuestas.
El solo enunciado pretende ser elocuente: no seguridad que vulnere derechos ciudadanos, no seguridad que erosione garantías individuales, no seguridad autoritaria que pase por encima de leyes e instituciones. Sino una política de seguridad articulada con la defensa de los derechos humanos, desplegada en un marco de pluralidad política, y cuyos objetivos básicos sean la defensa de las personas, su patrimonio y de nuestra germinal democracia.
Nada carcome más la convivencia social y la vida pública que la violencia que desatan las bandas delincuenciales. Y por supuesto ese fenómeno requiere ser atajado por muy diferentes vías, dado que no existe una solución unívoca. Si fuésemos capaces de generar un diagnóstico compartido y al mismo tiempo delinear las grandes tareas que tienen que llevar a cabo instituciones y actores sociales tan diversos como el Congreso o la Secretaría de Educación Pública; los tribunales, los gobiernos federal y locales, los partidos políticos, o por otro lado, los medios masivos de comunicación y las organizaciones no gubernamentales; y si además el intercambio de puntos de vista fuera capaz de detectar las normas que hay que modificar o fortalecer, las instituciones que hay que reformar y en qué sentido, las políticas sociales que debemos desplegar, la cooperación internacional que eventualmente puede resultar útil, etcétera, estaríamos (quizá) edificando un terreno de convergencias que no sólo incrementaría las posibilidades de éxito de las acciones contra el crimen organizado, sino que además eventualmente esa política dejaría de ser moneda de cambio y chantaje mutuo entre los propios actores políticos.
El deseo primero de vivir en paz -con seguridad- es una pulsión elemental y fundamental. Elemental, porque sin ella la convivencia se desgarra hasta convertirse por momentos en su contrario, una especie de ley de la selva, donde la voluntad de los más fuertes e impunes tiende a imponerse. Y fundamental, porque sin ella tareas más ambiciosas, como el crecimiento con equidad, la coexistencia de la pluralidad, la conjunción de libertad y responsabilidades sociales, se vuelven no solamente inciertas, sino altamente improbables.
No resulta casual que en una reciente encuesta de Ipsos-Bimsa sobre las preocupaciones ciudadanas el tema aparezca en el primer lugar. El 23 por ciento de los encuestados contestó que el "principal problema que enfrenta el país" es la delincuencia y la inseguridad, por encima del 21 que mencionó el desempleo. Y si a ello sumamos el 6 por ciento que dijo el narcotráfico, llegamos a que tres de cada 10 ciudadanos están preocupados por la inseguridad (El Universal, 3 de septiembre). Tampoco es un dato menor que desde el gobierno se le haya convertido en una causa prioritaria desde el inicio de la presente administración. Y recordemos aquella espectacular marcha realizada en el Distrito Federal que congregó a decenas de miles de ciudadanos clamando por seguridad. Además, no hay conversación familiar, de amigos o compañeros de trabajo donde el tema no irrumpa con su cauda de nerviosismo, angustia, malestar, temor. Se trata de una preocupación compartida que expresa uno de los sentimientos más profundos de esa comunidad imperfecta, desigual, profundamente estratificada y polarizada, a la que denominamos México, nuestro país.
Si ello es así, entonces estamos obligados a generar todas aquellas políticas capaces de revertir esa tendencia. En especial generar los diagnósticos sobre cada uno de los eslabones institucionales (policías, ministerios públicos, jueces, reclusorios) que tienen que ver con ese abismal problema, para intentar que la seguridad en democracia se convierta en realidad.
JAQUE MATE
Publicado en REFORMA
"Si no hay reforma electoral, no hay reforma fiscal". Emilio Gamboa
No me extraña que en las encuestas de opinión los políticos, y en especial los diputados y los senadores, reciban las peores calificaciones de todos los personajes públicos e instituciones de nuestro país. A pesar de la pesadísima campaña de publicidad en que la Cámara de Diputados y el Senado buscan lavarse la cara y obtener una mayor aprobación del público, la gente no puede dejar de darse cuenta de su hipocresía.
Esto lo vemos en la posición de los legisladores, especialmente los del PRI, al señalar que no habrá una reforma fiscal mientras no se apruebe la reforma electoral. Para una persona común y corriente, esta posición suena cuando menos extraña. Uno pensaría que un legislador aprobaría una reforma fiscal si es buena para la gente y respaldaría la electoral en caso de que también resultara adecuada. Pero condicionar la aprobación de la primera a la segunda, como lo plantean los priistas, parece absolutamente ilógico. ¿Significa esto que habría que aceptar una reforma mala sólo porque otra, de un tema muy distinto, fue aprobada?
La única razón para atar una reforma a la otra es política; y no en el sentido alto de la política, que es el arte de llegar a acuerdos para beneficio de los ciudadanos, sino en el más bajo, de ver cuánto saco en lo personal o para mi partido de una negociación.
Los diputados y senadores del PRI, que representan el fiel de la balanza en el Congreso, sienten que el gobierno del presidente Felipe Calderón está desesperado por lograr la reforma fiscal. Pero saben también que esta reforma no es un simple capricho, sino una medida necesaria para compensar la caída en los ingresos petroleros del gobierno y para ampliar los programas sociales y la construcción de infraestructura. Los propios gobernadores del PRI les piden a gritos una reforma que les dé más dinero.
Sin embargo, los legisladores del PRI no quieren votar por la reforma del gobierno por sus méritos ni hacer una propuesta propia. Lo que buscan es vender su voto a cambio de otra reforma cuyo elemento fundamental es la destitución de los consejeros del Instituto Federal Electoral.
Los diputados y senadores parten de la suposición de que pueden engañar a la gente de manera indefinida. Piensan que por gastar dinero de los contribuyentes para pagar campañas de publicidad que digan que "están trabajando para ti" obtendrán una mayor aprobación popular. Lo curioso del caso es que las encuestas señalan que el IFE, ése que ellos están empeñados en destruir porque lo consideran desprestigiado, tiene una aprobación mucho mayor que la de ellos. Si realmente hubiera que desmantelar instituciones por estar desprestigiadas, el Congreso de la Unión sería el primero en parar en un basurero.
Uno podrá estar de acuerdo o no con la reforma fiscal propuesta por el gobierno. Yo en lo personal la encuentro insatisfactoria. Pienso que no nos permitirá tener una economía más competitiva ni un sistema fiscal más sencillo o más equitativo.
Pero los legisladores del PRI están considerando aprobarla en parte porque se dan cuenta de que no hay muchas otras opciones. Después de todo, ellos mismos han cerrado las puertas a aplicar un mismo IVA a todos los productos y servicios y en todos los lugares del país. Han rechazado también eliminar las exenciones, excepciones y tratos preferenciales que han vuelto una pesadilla el cobro de impuestos en México y que son una de las razones fundamentales de que la recaudación sea tan débil.
Si los legisladores del PRI consideran que la reforma fiscal es aceptable, y que por lo tanto merece ser aprobada por méritos propios, no se entiende por qué quieren condicionarla a una reforma electoral que sólo tiene el propósito de cobrar una venganza contra el IFE. Lo que deben decidir es si la reforma es buena o no para los mexicanos. Si es buena, no hay por qué esperar ninguna otra reforma. Si es mala, hay que votar en contra de ella, independientemente de que se estén discutiendo otras iniciativas.
Los legisladores del PRI ni siquiera hacen un esfuerzo ya por pretender que están actuando en representación de los ciudadanos. Al afirmar abiertamente que si no hay reforma electoral no habrá reforma fiscal, se les olvida que su función es defender los intereses de los mexicanos y no los de sus partidos políticos.
No se dan cuenta de que la mayor parte de la población mexicana no comparte su deseo de destituir a los consejeros del IFE por el pecado de haber hecho su trabajo en los comicios del 2006 o por haber cobrado multas a los partidos. No se percatan de que los mexicanos se dan cuenta perfecta de que el poder de los legisladores se debe usar para negociar medidas que beneficien a los ciudadanos y no para promover la agenda de los partidos.
Ugalde
Defender al Instituto Federal Electoral ante los políticos que quieren violar su autonomía es una causa imprescindible para quienes creen en la democracia. El peor enemigo en esta lucha, sin embargo, ha resultado ser el propio consejero presidente. Más que defender a la institución, Ugalde parece estar protegiendo su chamba. Y qué lamentable, porque en este momento histórico hubiera sido maravilloso que el IFE pudiera haber tenido a un presidente más digno.
Lotería septembrina II - Germán Dehesa 6 Sep. 07
0 comentarios Publicadas por Anónimo a la/s 9:05 p.m.¡YA BÁJENLE!: Dos queridos amigos que gozan (a lo mejor no gozan, pero así se dice) de todo mi respeto: Denise Dresser y Sergio Aguayo me invitaron a ser parte de la iniciativa ¡Ya Bájenle! que es, o pretende ser, una acción ciudadana coordinada y esperemos que masiva para exigir una reducción drástica (no tan drástica como yo quisiera) del dinero que se le otorga a los partidos y el que se aplica a las campañas. Si juzgáramos por los millones y millones que se gastan, deberíamos tener a Winston Churchill de presidente y a Condoleezza Rice en lugar de la Gordillo (¡qué cambio más aterrador!, ¿verdad?). Gastamos de manera estúpida en mantener a una bola de haraganes, buenos para nada, pocalucha y comecuandohay del tipo del Niño Verde, o de Kahwagi y muchísimos más que calzan, visten, comen, se transportan, viajan, se reproducen y jamás se mueren; todo esto a nuestras costillas. Por un lado tenemos a nuestro rotundo Secretario de Hacienda friegue y friegue con que no le alcanza y que hay que "ampliar la base tributaria" (éste es otro de los espejismos sexenales, similar al de "el formato del Informe ya es obsoleto"), que no somos buenos causantes y que las hilachas con saliva de perico, todo esto nos dicen, pero nunca nos hablan de lo que recibimos a cambio de lo que entregamos: servicios horripilantes, inseguridad, rezagos en todo y por todo. Es que somos muy pobres, nos dicen a cuenta de Juan Rulfo y yo me permito disentir: no somos un país pobre, somos un país sistemáticamente empobrecido por esos rateros que siguen medrando ante la pasividad de todos y la complicidad de algunos. De ese dinero que nos dejan los rateros todavía hay que descontar lo que se gasta en inutilidades, en fastos nefastos y en manutención de vagos. Aquí es donde entran los partidos y sus jugosas partidas. Por supuesto que no tan sólo me adhiero al proyecto ¡Ya bájenle!, sino que del modo más entusiasta te invito, lectora lector querido, a que participes de este esfuerzo ciudadano. En la dirección www.plazadelangel.com.mx encontrarán un espacio destinado especialmente a esta tarea. Nosotros nos encargaremos de hacer llegar estas adhesiones a Alianza Cívica A.C. para que esto llegue a manos del senador que le corresponde al justificadamente quejoso. Si quieren hacerlo de manera más directa pueden ingresar al sitio www.yabajenle.org.mx. Lo que tiene que quedar claro es que los ciudadanos hemos pensado que ya estuvo suave, que ya es tiempo de que entiendan que nuestro dinero no es su dinero y es por eso que exigimos ¡ya bájenle!.PRESENTACIÓN: En estos tiempos de yunques y espíritus chocarreros, me voy a dar el inmenso gusto de presentar "México ante Dios" de Francisco Martín Moreno que es un ensayo-novela sobre la calamitosa Iglesia Católica mexicana. Esto ocurrirá en la Hacienda de los Morales, hoy a las 19:30 hrs. Agradezco al autor (Pancho, mi hermano) la invitación que hago extensiva a toda la raza. Aikir.
¿QUÉ TAL DURMIÓ? MCXXIV (1124)Hoy miércoles 5 de sept. rindió Enrique Peña Nieto, su Informe de Gobierno cuyo nuevo formato permite a los legisladores interrogar ahí mismo al titular del Ejecutivo estatal. En esta fase, un nombre apareció inmediatamente; el de ARTURO MONTIEL y el generalizado clamor para que en verdad se le haga justicia. Con falsa tranquilidad Peña Nieto nos comunicó que ése era ya caso juzgado. Si el malestar ha sobrevivido ha sido, según él, por intereses partidistas y por "aclamaciones mediáticas". Este jumento no sabe ni hablar. Ahora resulta que aquí, día tras día, a lo que nos hemos dedicado es a aclamar al presunto raterazo. Muy bien. Vaya para usted, señor Gobernador, una aclamación muy especial.
ENVÍO: Para Carmen Aristegui, tan querida, tan necesaria y tan distante.
Cualquier correspondencia con esta columna hecha de tiempo y sucesos, favor de dirigirla a german@plazadelangel.com.mx (D.R.)
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