La abrumadora realidad

"Si no hay reforma electoral, no hay reforma fiscal". Emilio Gamboa

No me extraña que en las encuestas de opinión los políticos, y en especial los diputados y los senadores, reciban las peores calificaciones de todos los personajes públicos e instituciones de nuestro país. A pesar de la pesadísima campaña de publicidad en que la Cámara de Diputados y el Senado buscan lavarse la cara y obtener una mayor aprobación del público, la gente no puede dejar de darse cuenta de su hipocresía.

Esto lo vemos en la posición de los legisladores, especialmente los del PRI, al señalar que no habrá una reforma fiscal mientras no se apruebe la reforma electoral. Para una persona común y corriente, esta posición suena cuando menos extraña. Uno pensaría que un legislador aprobaría una reforma fiscal si es buena para la gente y respaldaría la electoral en caso de que también resultara adecuada. Pero condicionar la aprobación de la primera a la segunda, como lo plantean los priistas, parece absolutamente ilógico. ¿Significa esto que habría que aceptar una reforma mala sólo porque otra, de un tema muy distinto, fue aprobada?

La única razón para atar una reforma a la otra es política; y no en el sentido alto de la política, que es el arte de llegar a acuerdos para beneficio de los ciudadanos, sino en el más bajo, de ver cuánto saco en lo personal o para mi partido de una negociación.

Los diputados y senadores del PRI, que representan el fiel de la balanza en el Congreso, sienten que el gobierno del presidente Felipe Calderón está desesperado por lograr la reforma fiscal. Pero saben también que esta reforma no es un simple capricho, sino una medida necesaria para compensar la caída en los ingresos petroleros del gobierno y para ampliar los programas sociales y la construcción de infraestructura. Los propios gobernadores del PRI les piden a gritos una reforma que les dé más dinero.

Sin embargo, los legisladores del PRI no quieren votar por la reforma del gobierno por sus méritos ni hacer una propuesta propia. Lo que buscan es vender su voto a cambio de otra reforma cuyo elemento fundamental es la destitución de los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Los diputados y senadores parten de la suposición de que pueden engañar a la gente de manera indefinida. Piensan que por gastar dinero de los contribuyentes para pagar campañas de publicidad que digan que "están trabajando para ti" obtendrán una mayor aprobación popular. Lo curioso del caso es que las encuestas señalan que el IFE, ése que ellos están empeñados en destruir porque lo consideran desprestigiado, tiene una aprobación mucho mayor que la de ellos. Si realmente hubiera que desmantelar instituciones por estar desprestigiadas, el Congreso de la Unión sería el primero en parar en un basurero.

Uno podrá estar de acuerdo o no con la reforma fiscal propuesta por el gobierno. Yo en lo personal la encuentro insatisfactoria. Pienso que no nos permitirá tener una economía más competitiva ni un sistema fiscal más sencillo o más equitativo.

Pero los legisladores del PRI están considerando aprobarla en parte porque se dan cuenta de que no hay muchas otras opciones. Después de todo, ellos mismos han cerrado las puertas a aplicar un mismo IVA a todos los productos y servicios y en todos los lugares del país. Han rechazado también eliminar las exenciones, excepciones y tratos preferenciales que han vuelto una pesadilla el cobro de impuestos en México y que son una de las razones fundamentales de que la recaudación sea tan débil.

Si los legisladores del PRI consideran que la reforma fiscal es aceptable, y que por lo tanto merece ser aprobada por méritos propios, no se entiende por qué quieren condicionarla a una reforma electoral que sólo tiene el propósito de cobrar una venganza contra el IFE. Lo que deben decidir es si la reforma es buena o no para los mexicanos. Si es buena, no hay por qué esperar ninguna otra reforma. Si es mala, hay que votar en contra de ella, independientemente de que se estén discutiendo otras iniciativas.

Los legisladores del PRI ni siquiera hacen un esfuerzo ya por pretender que están actuando en representación de los ciudadanos. Al afirmar abiertamente que si no hay reforma electoral no habrá reforma fiscal, se les olvida que su función es defender los intereses de los mexicanos y no los de sus partidos políticos.

No se dan cuenta de que la mayor parte de la población mexicana no comparte su deseo de destituir a los consejeros del IFE por el pecado de haber hecho su trabajo en los comicios del 2006 o por haber cobrado multas a los partidos. No se percatan de que los mexicanos se dan cuenta perfecta de que el poder de los legisladores se debe usar para negociar medidas que beneficien a los ciudadanos y no para promover la agenda de los partidos.

Ugalde

Defender al Instituto Federal Electoral ante los políticos que quieren violar su autonomía es una causa imprescindible para quienes creen en la democracia. El peor enemigo en esta lucha, sin embargo, ha resultado ser el propio consejero presidente. Más que defender a la institución, Ugalde parece estar protegiendo su chamba. Y qué lamentable, porque en este momento histórico hubiera sido maravilloso que el IFE pudiera haber tenido a un presidente más digno.