Siete Preguntas - Jaime Sánchez Susarrey

Reforma - 22 de Septiembre de 2007
1. ¿Qué habría pasado si Felipe Calderón hubiera competido el año pasado bajo las normas de la nueva reforma electoral?

Jamás habría alcanzado a López Obrador. La ventaja que tenía al inicio de la campaña el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México era abrumadora. Después de cinco años de conferencias matutinas, y de fijar la agenda del día, AMLO era el más conocido de todos los candidatos. La inequidad de la contienda estaba en el punto de arranque. Calderón era un personaje desconocido y con escasa exposición en los medios. La excesiva regulación de la publicidad y la prohibición de las campañas negativas le habrían impedido remontar esa desventaja. En el barullo de las propuestas "positivas y correctas" el mensaje de Calderón jamás habría impactado a los ciudadanos. La percepción de la gente cambió por la fuerza y la intensidad de la campaña que emprendió el candidato de Acción Nacional.

Corolario: la regulación excesiva para asegurar la "equidad" opera en sentido contrario porque en el punto de arranque los candidatos no están, por definición, en condiciones de igualdad.

2. ¿Por qué se restringe el derecho de organizaciones civiles, profesionales y gremiales a expresar su punto de vista, mediante publicidad pagada, durante las campañas electorales?

Partamos de un reconocimiento inicial y fundamental: este tipo de organizaciones son expresiones de la sociedad. Un colegio de ingenieros, una organización como Provida, un sindicato o una asociación de empresarios tienen intereses, principios y valores legítimos que defender. No hay ninguna razón para limitar su derecho de expresión y manifestación. El debate público se enriquece y vive de ésa y en esa diversidad. Un sindicato tiene todo el derecho de censurar a un candidato que proponga abolir el derecho de huelga. Y en la misma circunstancia se encuentra una agrupación que esté en contra del aborto si otro candidato predica la legalización del mismo. Para no mencionar el derecho de los empresarios de abogar por la libre empresa o el de los ecologistas de defender el medio ambiente. De ahí que la prohibición de que estas organizaciones participen activamente en el debate constituya un atentado contra la libertad de expresión.

3. ¿Qué consecuencias tiene elevar a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas?

Constituye, de entrada, otro atentado contra la libertad de expresión. El párrafo en cuestión prohíbe que los partidos difundan mensajes que denigren a las instituciones, partidos y otros candidatos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: denigrar es "deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien". Adviértase que según esta definición no importa que lo que se diga sea verdadero o falso. Porque se puede ofender o deslustrar la opinión o la fama de alguien difundiendo estrictamente la verdad. Si un partido elabora un mensaje señalando que la propuesta de un candidato de bajar los impuestos y aumentar la recaudación es demagogia pura, caería inmediatamente bajo esta tipificación. Es más, en sentido estricto no hay forma de establecer un verdadero debate sin deslustrar la opinión del adversario. Sobra decir que la prohibición incluye cualquier referencia al pasado, la personalidad o los excesos del contendiente. Porque cualquier mención de su incompetencia o de eventuales delitos que hubiera cometido (como tomar a la brava las calles o incluso haber sido procesado por robo) constituye una ofensa o deslustra su fama. No habrá, en consecuencia, debate ni campañas efectivas. Lo que tendremos será gazmoñería pura, como si los políticos fuesen almas puras, prístinas y cándidas.

4. ¿Por qué no se introdujo la reelección de los diputados y senadores?

Obviamente, porque el PRI, el PRD y el PAN no se pusieron de acuerdo. Porque el resto de los partidos, al menos Convergencia y el Partido Verde, mantienen una postura favorable. La razón de fondo de los tres grandes está en el control y el poder de las cúpulas partidarias. Me explico. La reelección tiene dos ventajas probadas: primero, permite que los ciudadanos tengan posibilidad de sancionar efectivamente a sus representantes. A vuelta de cada legislatura, el diputado o senador se confronta con sus electores y se somete a su mandato: si actuó bien es reelecto, si no, no. Su carrera y su futuro dependen entonces de sí mismo y de su actuación. Bajo el sistema de no reelección el legislador sigue adelante independientemente de su desempeño, pero además es la cúpula partidaria la que decide postularlo o no a otro cargo de elección popular. Debe, por lo tanto, quedar bien con los de arriba, no con los de abajo. Segundo, profesionaliza el trabajo de los legisladores e incrementa su responsabilidad. En suma, la reelección los vuelve más autónomos respecto de las cúpulas burocráticas. Ahí está, como decía Cantinflas, el detalle.

5. ¿Por qué pretendieron elevar a rango constitucional la prohibición de las candidaturas independientes?

Para monopolizar, de una vez por todas, la representación de los ciudadanos. La limitación del derecho a ser votado fortalece a las cúpulas partidarias y atenta contra la sociedad. Es un ejemplo muy claro del sentido último de esta reforma. Los políticos hablan de involucrar a los ciudadanos en la política, pero en realidad desalientan y coartan esa posibilidad. Su doble lenguaje y su moralina desteñida son grotescos.

6. ¿Estamos ante el fin de la trivialización de las campañas o, como sentenció La Jornada, la reforma enterró la dictadura de los spots?

Falso. La nueva legislación no contempla la desaparición de los spots. El tiempo que le será concedido a cada partido se traducirá en spots de uno, dos o tres minutos. La única diferencia es que no tendrán un costo para ellos. La combinación de tiempo libre con la gazmoñería que instituye la reforma será terrible. Algo así como pequeñas horas nacionales de 6 de la mañana a 12 de la noche.

7. ¿Hacia dónde apunta la nueva ley de medios?

Los senadores están hablando de una tercera o cuarta cadena. El problema estaría en que decidan comportarse como el buen samaritano y se propongan controlar los contenidos. Esto es, crear un comité de salud que censure los programas con el loable propósito de "mejorar" el nivel moral y la calidad de los mismos. Los antecedentes, consignados arriba, apuntan en ese sentido. De ser el caso, sería otro atentado, aun más grave, contra la libertad de expresión. Pero ¡aguas! Los senadores ya probaron las mieles de su poder y andan encarrerados.

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