Sergio Sarmiento
Reforma
Agosto 8, 2006.
"Acataremos las resoluciones del Poder Judicial".
Andrés Manuel López Obrador
Cuando Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus "Cincuenta compromisos para recuperar el orgullo nacional", hubo muchos analistas que se extrañaron del punto 48, en el cual él promete obedecer las decisiones del Poder Judicial.
Desde el primer momento parecía fuera de lugar que un candidato prometiera aceptar los fallos del Poder Judicial cuando todos los ciudadanos debemos hacerlo. Este deber, si acaso, es más robusto para los gobernantes y funcionarios públicos, puesto que al asumir su cargo juran cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué, pues, asumir como compromiso de campaña una obligación general?
En las últimas semanas, sin embargo, nos hemos dado cuenta de dos cosas. La primera es que sí era necesario que López Obrador prometiera acatar los fallos del Poder Judicial. La segunda es que, a pesar del compromiso asumido, López Obrador ha violado su palabra una vez más.
Efectivamente, en la primera oportunidad que ha tenido de cumplir una promesa de campaña, el candidato de la alianza Por el Bien de Todos ya la ha roto. Así, se ha negado a aceptar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual, de manera unánime, determinó este pasado sábado 5 de agosto abrir solamente 11 mil 839 paquetes electorales de los más de 130 mil que se generaron en la elección del 2 de julio.
La actitud de rechazo de López Obrador no ha sorprendido a muchos. El candidato de la alianza Por el Bien de Todos, después de todo, no ha mostrado hasta ahora ninguna inclinación por cumplir sus promesas de campaña. Todos recordamos su afirmación de que aceptaría una derrota aunque fuera sólo por un voto, pero ha quedado demostrado que ni siquiera 244 mil sufragios son suficientes para ello. En la misma situación se encuentra la firma de un pacto de civilidad con el que se comprometía a respetar el resultado de la elección fuere cual fuere. En el canasto de las promesas rotas, por otra parte, está también ese compromiso número 48 "para recuperar el orgullo nacional", el cual lo obligaba -por decisión propia, no por imposición- a acatar las resoluciones del Poder Judicial.
Seguramente López Obrador no pierde el sueño en su tienda de campaña del Zócalo por su falta de cumplimiento de sus promesas políticas. Independientemente de lo que afirma en sus "Cincuenta compromisos", él mismo ha mantenido en varias ocasiones que la aplicación de la ley es menos importante que las reivindicaciones de la "justicia social". El problema es que esta justicia que está por arriba de la propia ley se puede interpretar sólo de manera discrecional.
De esta manera, López Obrador ha podido rechazar con aparente tranquilidad de conciencia los fallos de los tribunales sobre el paraje San Juan, el predio de El Encino o los terrenos de la refresquera Pascual. Como son fallos injustos, a su juicio, no hay necesidad de aplicarlos. El gran problema, el que abre las puertas a la dictadura, es que la única interpretación válida de su justicia es la que él mismo ofrece. López Obrador, el candidato mesiánico, está llegando a la conclusión de que "la justicia soy yo".
El Andrés Manuel candidato, el que debía atraer votos de los grupos moderados de la población para salir victorioso, se dio cuenta de que esta actitud genera incertidumbre entre muchos electores. Si la ley no es el último criterio al que deben ajustarse los gobernantes, sino que siempre hay un principio superior de justicia que no está escrito pero que es definido por el propio gobernante, toda la certeza del Estado de derecho se desploma. Y esto tiene un costo enorme en la economía y en la vida social, como ha ocurrido en la Venezuela de Hugo Chávez. Si yo no tengo la certeza en mi actividad diaria de que estaré en lo correcto siempre y cuando me atenga a la ley, entonces toda garantía desaparece.
Por ello no sorprende que López Obrador haya hecho la promesa concreta en sus "Cincuenta compromisos" de acatar las resoluciones del Poder Judicial. Con ello buscaba poner un alto a las acusaciones de sus opositores políticos que afirmaban que era un peligro para México por su falta de respeto a la ley.
Hoy queda claro, sin embargo, que la promesa fue falsa desde un principio. López Obrador sí cree en acatar las resoluciones del Poder Judicial, pero sólo si éstas lo favorecen. El valor de su promesa se evidenció esta semana con su reacción ante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. "Nosotros demandamos, con mucha claridad -dijo-, el recuento de todos los votos, voto por voto, casilla por casilla".
Efectivamente, López Obrador fue muy claro. Sólo aceptará como resolución válida de los magistrados el voto por voto. De esta manera comprueba que sí está dispuesto a aceptar las decisiones del Poder Judicial... siempre y cuando sus fallos se ajusten a sus precisas instrucciones.
Bajo protesta
Ricardo Monreal afirmó ayer que los representantes de la alianza Por el Bien de Todos estarán presentes en el recuento de las 11 mil 839 casillas ordenado por el Tribunal Electoral. Eso no significa, empero, que aceptarán el resultado... Pero qué fácil. Si el recuento le da el triunfo a Andrés Manuel, los perredistas aceptarán generosamente el resultado. Pero si Felipe Calderón mantiene la ventaja, el recuento no tendrá ninguna validez. A los perredistas, evidentemente, les gusta la democracia, siempre y cuando se les garantice el triunfo.
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