México: Elección válida

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7 de septiembre de 2006
por Manuel Suárez-Mier
CATO Institute

Manuel Suárez-Mier es Profesor de Economía de American University en Washington, DC.

Gracias a la magia del internet escuché en la ciudad de Washington la lectura del dictamen del secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desgranó con notable detalle los argumentos que invalidaban las denuncias presentadas para exigir la nulidad de la elección presidencial.

Queda claro, primero, que los magistrados del Tribunal Electoral hicieron su trabajo a fondo pues analizaron con detenimiento todas y cada una de las acusaciones presentadas por la “coalición por el bien de todos” (coabito), aún las más frívolas.

El tribunal desechó una por una las denuncias por carecer de evidencia contundente de su impacto sobre el ánimo de los votantes en lo referido a los anuncios contratados por asociaciones empresariales y firmas comerciales para promover el voto e invitando a rechazar programas económicos fracasados.

La revisión de las objeciones de la coabito provoca hilaridad cuando exige anular la elección porque los anuncios de jugos Jumex contienen colores azul y blanco, los del PAN, o la mención a favor de Felipe Calderón por parte de la suculenta Maribel Guardia en su programa televisivo Muévete.

Respecto a los anuncios del PAN denunciando a López Obrador como un “peligro para México” utilizando palabras e imágenes del tabasqueño, es también risible que a la coabito le parezcan censurables las imágenes de su propio candidato, salvo por el hecho que, en efecto, revelaron su vena colérica e intolerante.

Es indudable que la campaña que mostró el célebre chillido de López Obrador contra el presidente Fox, su “ya cállate chachalaca,” le costó al candidato insultante, y mucho, lo mismo que en Estados Unidos el aullido que se le salió al precandidato Howard Dean cuando perdió la elección primaria de Iowa le costó la nominación del partido demócrata a la presidencia.

¿Desde cuándo está prohibido mostrar material con los candidatos y más aún, transmitir sus propias palabras y acciones? ¿Será porque revelan su verdadero carácter? ¿No ha quedado suficientemente acreditado con todas las acciones que ha emprendido López Obrador después de los comicios el gravísimo peligro que su eventual liderazgo representaba para nuestro país?

El Tribunal Electoral tampoco encontró concluyente la “evidencia” aportada por la coabito respecto a la intervención del Presidente Fox o el supuesto uso de recursos públicos en los programas de asistencia social para influir en forma apreciable o decisiva en el resultado de la elección presidencial.

En el primer caso, el Tribunal señaló que la oportuna intervención del Instituto Federal Electoral (IFE) para evitar que el señor Fox siguiera haciendo proselitismo a favor del candidato de su partido hizo que el impacto sobre la decisión de los votantes de tal campaña no fuera significativo.

Respecto al supuesto mal uso de recursos públicos para influir en el desenlace de la elección, los magistrados del Tribunal Electoral no encontraron evidencia alguna para sustentar las acusaciones enderezadas por la coabito.

Los magistrados del Tribunal Electoral señalaron con toda sensatez que ninguna elección es perfecta pero juzgaron que no siéndolo la del 2 de julio, las irregularidades denunciadas no fueron de ninguna manera suficientes como para anular la validez de sus resultados.

En consecuencia, el Tribunal declaró a Felipe Calderón Presidente Electo en forma unánime. Hay que recordar que su fallo no es impugnable y que no hay instancia alguna posterior por lo que es concluyente. Ante esta decisión, que muchos ya anticipábamos, resulta más clara la naturaleza del último berrido del demagogo delirante de “mandar al diablo a todas (las) instituciones.”

Las acciones de López Obrador y sus secuaces de aquí en adelante representan actos de sedición por lo que resulta obligado aplicar las leyes vigentes que definen cómo proceder contra alguien que ostensiblemente quiere subvertir el orden constitucional y derrocar al gobierno legítimo del país.

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